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El Gobierno argentino ordena la venta de bienes ligados al lavado de activos

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- El Gobierno de Argentina dispuso este viernes la “inmediata” venta de bienes decomisados provenientes de operaciones vinculadas al lavado de activos.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que proceda a la inmediata venta de los bienes que ingresen al patrimonio de organismos públicos tras el decomisos por órdenes judiciales en causas por lavado de activos.

El decreto lleva las firmas del presidente argentino, Mauricio Macri, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La medida habilita a la AABE a que disponga un destino específico para el uso del dinero producto de la venta de los bienes.

La normativa establece que en caso que los bienes decomisados estén en el extranjero, su disposición se realizará adoptando mecanismos acordes a las modalidades del país en que se realice la venta.

El decreto alega que el decomiso “es una herramienta eficiente para penar la persecución e investigación de delitos vinculados, entre otros, al lavado de activos, garantizándose así también el cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina a nivel nacional e internacional”.

En enero pasado, Macri firmó un decreto de para que la Justicia recupere para el Estado el dinero y otros bienes que las “mafias” de la corrupción y del narcotráfico le han robado a los argentinos.

El presidente alegó entonces que optaba por la firma de ese decreto debido a que un proyecto de ley de “extinción de dominio” impulsado por el oficialismo había quedado estancado en el Parlamento por falta de acuerdo con los diversos sectores de la oposición.

Aquel decreto ordenó crear una procuraduría en el Ministerio Público Fiscal que será la encargada de solicitar al fuero Civil y Comercial de la Justicia que se de por extinguido el título de propiedad de un bien ligado a delitos graves bajo investigación de la Justicia penal.

Una vez iniciado el reclamo de la procuraduría, si el titular del bien bajo sospecha no puede justificar su propiedad, la Justicia civil sentenciara la denominada “extinción del dominio” y su pase a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

El mecanismo solo se aplica sobre bienes bajo sospecha adquiridos en forma posterior a los hechos delictivos bajo investigación. EFE