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El Gobierno de Nicaragua asegura que la negociación avanza con dificultades

Managua, 14 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua aseguró este martes que la negociación que mantienen con la alianza opositora, con la que buscan superar la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos, avanza en medio de dificultades.

“Hay avances en medio de las dificultades”, dijo la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, al hacer un balance de la mesa de negociación que se instaló el 27 de febrero pasado.

Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, anotó que el camino de negociación es complejo y difícil, “pero se recorre, porque debemos recorrerlo” para “alcanzar esos acuerdos, prácticos y duraderos, de justicia, entendimiento y paz”.

Asimismo, expresó la “voluntad y el compromiso soberano” del Ejecutivo “de cumplir con todos los acuerdos que ya se han tomado, y los que faltan, respetando la Constitución y las Leyes de nuestra República”.

El Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron el pasado mes de marzo la liberación, como fecha límite el próximo 18 de junio, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018; y fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.

Hasta ahora el Gobierno ha excarcelado a 236 de un total de 468 detenidos.

La Alianza Cívica, que registra al menos 809 “presos políticos”, ha dicho que el Ejecutivo está incumpliendo con ese acuerdo, debido a que el pacto es una liberación definitiva de los detenidos, no de enviarlos bajo régimen de convivencia familiar o libertad condicional.

Las partes convinieron el lunes redactar un documento para la implementación de esos acuerdos, que serán firmados hasta que se concluya con toda la negociación.

El Ejecutivo y la Alianza Cívica culminaron el 3 de abril la negociación para superar la crisis sin acuerdos en temas de verdad, justicia, reparación y no repetición; democratización; el mecanismo para la implementación de los acuerdos; y hacer un llamado conjunto a la suspensión de sanciones generales contra Nicaragua.

Las partes dejaron, sin embargo, la puerta abierta para seguir las conversaciones, las que han mantenido desde entonces de forma irregular, sin acuerdos concretos.

Las negociaciones han estado estancadas debido a la exigencia del Gobierno a que la oposición pida la suspensión de sanciones generales, incluida una ley estadounidense conocida como “Nica Act”.

La “Nica Act” fue firmada el pasado 20 de diciembre por el presidente Donald Trump y contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de la población del país centroamericano.

La “Nica Act” sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones “libres, justas y transparentes”, de acuerdo con el texto de la legislación estadounidense.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE

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