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El Gobierno salvadoreño propone proyecto de viviendas a familias desalojadas

San Salvador, 8 jun (EFE).- La ministra de Vivienda de El Salvador, Michelle Sol, propuso esta sábado un proyecto “integral” de viviendas a 65 familias desalojadas en mayo de 2018 de una finca por orden de un juez de paz de la localidad central de Antiguo Cuscatlán.

“Es un proyecto que estoy segura les va a interesar: la construcción de apartamentos para las familias que viven aquí, lo vamos a hacer todos en conjunto”, aseguró Sol durante su visita a los afectados, quienes han construido casas provisionales en una zona verde de la calle cercana a la Cancillería.

La funcionaria señaló que en la construcción de los apartamentos participarán el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y los presidiarios del programa de rehabilitación “Yo cambio” para que tengan un bajo costo.

Según la cartera de Vivienda, “los materiales de construcción serán donados por una ONG que gestiona cooperantes en Estados Unidos”.

“El costo a cancelar para estas familias de bajos ingresos será entre 60 y 65 dólares mensuales por 12 años, lo cual corresponde a los materiales de construcción”, apuntó.

El 16 de mayo de 2018, un juez giró una orden para desalojar a 76 familias de la comunidad El Espino, luego que la familia Dueñas interpusiera una demanda contra sus habitantes, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades.

Tras el hecho, el Gobierno propuso brindar entre 4.000 y 12.000 dólares a estas familias para obtener una vivienda digna y abandonar la zona, sin embargo, solo un grupo de familias tomó esta opción.

La finca en donde habitaban estas personas pertenece a la familia Dueñas, una de las más pudientes del país y está ubicado en el considerado “último pulmón” en la parte central del país, cercano a una zona de centros comerciales y hoteles.

Un grupo de familias de la comunidad interpuso un amparo ante la Sala de lo Constitucional para frenar la acción judicial, los jueces constitucionales admitieron el recurso y suspendieron el desalojo como medida cautelar.

El 9 de febrero de 2017, la Sala ordenó a estas personas abandonar la zona y mandó al Gobierno buscar alternativas para las familias, que rechazaron la propuesta de los dueños de la finca El Espino de habitar en otra zona de la propiedad por temor a la inseguridad. EFE

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