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El Salvador declara “Bien Cultural” lugar de masacre de campesinos en 1981

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San Salvador, 24 may (EFE).- El Ministerio de Cultura de El Salvador declaró este viernes “Bien Cultural” al lugar conocido como Loma del Pájaro, en el oriente del país, donde en 1981 el Ejército perpetró una masacre de más de 500 campesinos.

El lugar Loma del Pájaro está situado en el cantón Linares de Caulotal, ubicado en el municipio de Jiquilisco, unos 106 kilómetros al este de la capital salvadoreña.

La actividad fue presidida por la titular de Cultura, Silvia Elena Regalado, y participaron familiares de las víctimas y sobrevivientes de la matanza ocurrida en los inicios de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que se saldó con unos 75.000 muertos.

El acto de declaración se realizó en momentos en que en la Asamblea Legislativa se analiza una polémica ley de “reconciliación” que surgió tras un año de trabajo de un cuestionado grupo de diputados, formado por exguerrilleros y militares retirados, encargado de estudiar las implicaciones de la anulación de una ley de amnistía por un fallo de la Corte Suprema en julio de 2016.

Las víctimas y sobrevivientes de La Quesera aprovecharon para manifestar que no quieren que se apruebe una ley de reconciliación “que deje en la impunidad a los responsables de tantos crímenes de lesa humanidad”.

“Queremos como víctimas ser escuchados y que se nos tome en cuenta para la elaboración de una ley de verdadera reconciliación que tenga como base la justicia y la dignidad humana”, expresaron.

Se esperaba que el órgano legislativo aprobara la referida ley en la sesión plenaria del jueves, pero los legisladores se abstuvieron de someterla a votación en el pleno tras las críticas de diferentes organizaciones sociales, las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE).

El punto más cuestionado de la normativa en estudio es la imposición de penas excarcelables a quienes sean condenados por crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado y la prohibición de decretar prisión preventiva a los procesados.

Según las organizaciones de derechos humanos, esta propuesta, que inicialmente contaba con el apoyo de cuatro partidos, es una “amnistía encubierta”. EFE

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