miércoles, octubre 20, 2021
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Empresario opositor denuncia cierre de sus tres negocios en Nicaragua

Managua, 25 abr (EFE).- El empresario opositor nicaragüense Jorge Samper denunció este jueves que las autoridades estatales han cerrado sus tres negocios, en medio de la crisis que vive el país desde hace un año y que ha dejado cientos de muertos y miles en el exilio.

Samper, quien fue diputado por el disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo a periodistas que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Energía y Minas les han cerrado dos estación de servicios y una empresa de transporte de combustible al por mayor.

Explicó que las dos estaciones de servicios vencieron su licencia en diciembre pasado y pese a presentar las solicitudes de renovación desde el 4 de septiembre de 2018, no le concedieron el permiso como en otros años y los cerraron “manu militari” y de forma arbitraria.

Agregó que presentó un recurso de revisión ante las autoridades, que aún no ha sido resuelto.

Asimismo, dijo que hace dos días le reabrieron un proceso administrativo contra su empresa de transporte y combustible por un accidente que ocurrió con una de sus cisternas en agosto pasado, y cuyo casos, sostuvo, “ya se encuentra cerrado” tras cumplir con todo el proceso de remediación de suelo y resarcimiento de daños.

Las autoridades, que no se han referido a esa denuncia, “están atentando contra mi integridad”, dijo el empresario, que aseguró que su caso fue expuesto por la opositora Alianza Cívica en la mesa de negociación que mantiene el Gobierno para superar la crisis.

En un comunicado, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), de la que es miembro el empresario, exteriorizó su “profunda preocupación por la parcialidad e ilegalidad” de las tres instituciones del Estado contra las empresas de su socio.

“Este anómalo comportamiento de las mencionadas instituciones del Estado es contrario al principio de legalidad que debe regir los actos de los funcionarios públicos, y violenta los derechos constitucionales de propiedad privada, libre empresa y el respeto del Estado hacia las inversiones privadas”, señaló.

Asimismo, Apen exhortó y demandó a las autoridades del Estado a respetar la Ley en ese caso concreto y, en consecuencia, restituyan sus derechos al empresario.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.EFE

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