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Empresarios reclaman garantía de derechos constitucionales en Nicaragua

Managua, 22 ene (EFE).- El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula empresarial de Nicaragua, reclamó este martes al Gobierno de Daniel Ortega la garantía de los derechos constitucionales, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas antigubernamentales.

“El Estado de Nicaragua debe garantizar los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses”, reclamó el Cosep, que hasta hoy no había recibido respuesta de la Policía Nacional a la solicitud de una marcha de protesta contra Ortega el 24 de enero.

En septiembre pasado, la Policía Nacional declaró “ilegales” las manifestaciones contra Ortega, pese a las críticas de especialistas en derecho, que sostienen que la medida policial no tiene base legal.

Los empresarios afirmaron que su petición se basó en “el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece en forma expresa el derecho de los nicaragüenses a la ‘concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley'”.

En su demanda pública emitida la tarde de este martes, el Cosep destacó que “los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.

Agregó que “la Constitución Política nos reconoce también el derecho irrenunciable a concentrarnos, manifestarnos y movilizarnos públicamente de conformidad con la ley”.

Hasta ahora casi todas las marchas contra Ortega han tenido algún tipo de respuesta violenta por parte del Gobierno, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue expulsado de Nicaragua luego de una investigación en la que concluyó que las autoridades locales han cometido crímenes “de lesa humanidad” contra los manifestantes.

Adelantándose a una posible negativa del permiso de marchar, el Cosep señaló que “en correspondencia con la Constitución y las leyes del país tenemos como fin en nuestros estatutos ‘promover y defender la libertad, la justicia y los derechos inalienables del ser humano para el establecimiento de una verdadera democracia'”.

Por su parte el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, que también solicitó marchar el jueves, dijo que la institución tiene la potestad de “desarrollar todo tipo de actividades que (para) fomentar la seguridad y el bienestar económico, social y físico de los nicaragüenses”.

Desde abril pasado, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) estudia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional.

Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”. EFE

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