miércoles, agosto 4, 2021
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En prisión policía militar por una muerte en crisis hondureña postelectoral

Tegucigalpa, 24 mar (ACAN-EFE).- El policía militar Denis Omar Cáceres, arrestado este domingo por la muerte de un hondureño durante las protestas surgidas por un presunto fraude en las elecciones generales de 2017 de Honduras, fue enviado a prisión por orden de un juzgado.

A Cáceres se le dictó “detención judicial” por el delito de asesinato del hondureño David Octavio Quiroz, el 15 de noviembre de 2017, durante una manifestación postelectoral en el sector de Guacamaya, departamento de Cortés, norte del país, indicó el poder Judicial en un comunicado.

El detenido fue trasladado al juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional y luego de la audiencia fue remitido al III Batallón de Infantería en Naco, Cortés, agregó.

El poder Judicial señaló que el juez fijó para el 29 de marzo la audiencia inicial.

Cáceres fue detenido en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el sector de Chamelecón, norte de Honduras, por efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dijo a Acan-Efe el portavoz de la institución, Jorge Galindo.

Según las investigaciones, un grupo de hondureños protestaban contra el presunto fraude, cuando unos 64 policías militares llegaron al lugar para disolver la manifestación.

Posteriormente, el policía militar detenido disparó con su fusil de reglamento contra Quiroz, quien fue trasladado a un hospital de la zona, donde horas después falleció.

A mediados de septiembre de 2018, el policía hondureño Olvin Fernando Gonzáles fue arrestado por la muerte de un menor durante las protestas surgidas por el presunto fraude.

Gonzáles, policía preventivo clase II, es señalado como responsable del “haber dado muerte al menor Virgilio Jared Ávila Gonzáles durante una manifestación postelectoral en diciembre pasado”, según las autoridades.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh) divulgado en marzo de 2018 establece que “por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía Nacional murieron durante las protestas” en el período electoral.

El documento detalla que, del total, al menos 16 de las víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de balazos efectuados por las fuerzas de seguridad.

El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre los que “figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas”, en el período anterior a las elecciones de noviembre.

Destaca que miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la Policía Militar, “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal, para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales”.

El diálogo nacional en Honduras finalizó en diciembre del año pasado sin acuerdos para resolver la crisis política surgida a raíz de que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial fue Salvador Nasralla, no reconociera las elecciones de noviembre, en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido, aduciendo fraude.

El proceso se instaló con la participación de representantes del Ejecutivo y del gobernante Partido Nacional; del opositor Partido Liberal, y de Nasralla, que no reconoce a Hernández como presidente.

La Constitución de Honduras, que data de 1982, no permitía la reelección bajo ninguna modalidad, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2015, dejó abierta esa posibilidad, que es rechazada por la oposición política. ACAN-EFE

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