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Envían a juicio a un exalcalde salvadoreño por financiar a células de la MS13

San Salvador, 2 abr (EFE).- Una corte antimafia de El Salvador envió este martes a juicio a un exalcalde por supuestamente financiar a tres células de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) a cambio de apoyo electoral, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de Miguel Ángel Jaime, exalcalde de la localidad de Usulután (sureste), procesado por los delitos de peculado y organizaciones terroristas.

La fuente precisó que el juez titular del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel (este) valoró que las pruebas presentadas por los fiscales son “suficientes para que enfrente una vista pública”.

Según la FGR, Jaime entregó en pagos mensuales un total de 39.000 dólares, procedentes de los impuestos locales, a los tres grupos de la MS13 que operan en la localidad que gobernó.

Los fiscales sostienen que el vínculo entre Jaime y los pandilleros se inició durante la campaña para las elecciones municipales de 2015, cuando éste se comprometió a dar prebendas a cambio de votos.

La institución añadió que otras 44 personas fueron enviadas a juicio, incluido el exadministrador de los mercados municipales de Usulután José Ricardo Cortez Campos.

Los otros procesados son supuestos integrantes de la MS13, acusados de perpetrar al menos 7 homicidios, y organizaciones terroristas.

La mayoría de estos pandilleros fueron arrestados en junio de 2017 y les fueron incautados tres fusiles Ak-47, seis pistolas, munición para las armas, 4.187 dólares en efectivo, seis motocicletas y siete automóviles.

Jaime no es el primer alcalde que ha sido vinculado con las pandillas en el país; en junio de 2016 las autoridades detuvieron al titular de la Alcaldía de Apopa (norte), José Elías Hernández, quien supuestamente negoció votos con pandilleros a cambio de prebendas y purga actualmente una condena de 12 años de cárcel.

El Salvador es asediado por la MS13, grupo al que Estados Unidos busca eliminar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias, que poseen 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.

El Gobierno atribuye a estos grupos criminales los índices de violencia de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo.

Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones. EFE

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