Especialista califica de lamentable que el Estado peruano defienda a Fujimori

El Tiempo

Lima, 2 feb (EFE).- El hecho de que el Estado peruano defienda el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es “lamentable” por tratarse de un sentenciado por crímenes de lesa humanidad, declaró hoy a Efe la abogada especialista en sistema interamericano Cristina Blanco.

Dos agentes del Estado peruano, Jorge Villegas y Adrián Simons, ejercieron la defensa del indulto otorgado por el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a Fujimori, durante la audiencia convocada hoy por la Corte Interamericana, en San José de Costa Rica, para supervisar el cumplimiento de la sentencia dictada en 2009.

“Hoy, el Estado peruano se ha sentado ante la Corte a defender a Fujimori que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, eso es algo que debe cuestionarnos como país, eso es lamentable”, afirmó la también investigadora senior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Ponficia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).

Los representantes resaltaron el derecho del Estado peruano de aplicar un indulto y descartaron que signifique impunidad, pues, en su opinión, Fujimori cumplió casi la mitad de su sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta.

Blanco dijo, por otro lado, que los argumentos de la defensa de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta “han sido bastante sólidos” y coinciden con la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha pedido la revocatoria de esa decisión.

“La opción más probable, en mi opinión y de varios especialistas en el tema, es que la Corte acoja la posición de que el indulto, como se ha otorgado, es contrario a la sentencia”, respecto al deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, declaró la especialista en sistema interamericano.

Blanco agregó que lo más probable es que la Corte “ordene directamente que esa resolución suprema quede sin efecto”.

Asimismo, comentó que otro escenario posible es “que la Corte, en términos no tan concretos, acoja el pedido y exhorte a tomar medidas para corregir esta situación, sin necesariamente hacer referencia a la necesidad de que quede sin efecto”.

La abogada consideró como “muy poco probable” que la Corte valide la medida del indulto entregado el pasado 24 de diciembre.

La resolución sobre este caso “no debería tardar más de un par de semanas”, estimó la investigadora porque se trata de un tema de mucha trascendencia para el Perú y la región.

Blanco destacó que los abogados de los deudos, Carlos Rivera y Gloria Cano, identificaron irregularidades muy objetivas que ayudan a probar que Fujimori no merecía un indulto humanitario y que no debió proceder “porque se trata del más alto responsable de crímenes de lesa humanidad en nuestro país”.

La especialista informó que el Idehpucp y organizaciones internacionales van a presentar un ‘amicus curiae’ la próxima semana a la Corte con argumentos técnicos y jurídicos para sostener los cuestionamientos que se hacen al indulto y al derecho de gracia otorgados a Fujimori.

No obstante, el ministro peruano de Justicia, Enrique Mendoza, afirmó hoy que “los argumentos (contra el indulto) son endebles, inexactos o basados en medias verdades”.

Mendoza agregó que “es casi imposible que (Fujimori) pueda regresar a la cárcel, (porque su excarcelación) es cosa juzgada”.

El ministro también dijo que “es totalmente incorrecto decir que el indulto humanitario fue motivado por consideraciones políticas de parte del presidente Kuczynski”, dado que lo otorgó tres días después de haberse salvado de la destitución en el Congreso con los votos de Kenji Fujimori y otros nueve legisladores.

La Corte Interamericana condenó a Perú en 2001 a investigar y sancionar a los responsables de la matanza de Barrios Altos (1991) y en 2006 por la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta (1992).

Fujimori fue procesado por la justicia peruana y condenado en 2009 por ambos casos a 25 años de prisión por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las dos matanzas y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.EFE