“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Nunca hay una revolución social sin terror”: Napoleón Bonaparte

  • Réquiem por la Revolución
  • Alarma la violencia de México a los Estados Unidos
  • AMLO presenta Proyecto de Desarrollo 2018-2024
  • Morena planea 4% del PIB a obras y planes sociales
  • Osorio Chong, beneficiario del “sexenio de Hidalgo”
  • Gran vergüenza de federales, estatales y municipales

Con el fin del sexenio del autodenominado “último presidente de la Revolución”, José López Portillo, se canceló el contrato social entre el gobierno con la sociedad mexicana. Desde el mandato de Miguel de la Madrid iniciaron una serie de gobiernos tecnócratas cuyo fin fue la transferencia de la riqueza nacional a unas cuantas manos privadas, especialmente extranjeras. Carlos Salinas inició un periodo de reformas el cual está cerrando con broche de oro Enrique Peña Nieto, las cuales enriquecen sólo a la clase política y a un pequeño grupo de empresarios beneficiados por ella en México y allende las fronteras.

El réquiem por la Revolución Mexicana lleva ya 35 años y el panorama es desolador: mediocre crecimiento económico de 2 por ciento anual en promedio, pobreza generacional, persistente crisis económica, venta de los activos del Estado, transferencia de la riqueza nacional a la iniciativa privada como resultado de las reformas estructurales, inflación, deuda externa e interna, devaluación y de pauperización de la clase trabajadora. Imperan la corrupción de la clase dirigente, la impunidad para todos sus integrantes, y una profunda crisis de seguridad pública por la “guerra al narcotráfico” a lo largo de los dos últimos sexenios.

Ha resultado el Estado incapaz de garantizar algo a sus ciudadanos, ni siquiera la conservación de la vida, mucho menos bienestar y seguridad social. La mayoría de los asesinatos quedan en total impunidad, lo cual propicia se incrementen año con año, en una dinámica generadora del “naufragio social” y el aumento de la desesperanza, como lo advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Hasta el Servicio de Investigación Congresional (CRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, califica de “ineficaz” la estrategia anticrimen aplicada durante el gobierno Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Un reporte titulado “¿Por qué está rebotando la violencia en México?”, confirma los homicidios, en 2017, han continuado en una espiral hacia arriba. De mantenerse la tendencia actual de asesinatos, este año superará al 2011 –el peor del sexenio anterior- como el año más violento para el país. “Las estadísticas preliminares de enero a septiembre muestran un incremento entre 20 y 30 por ciento respecto al 2016”.

El informe del CRS lamenta: “si esta tendencia continúa México terminará el año con tasa de homicidio superior a 18 por cada 100 mil (habitantes), lo que hará a 2017 el año más violento en el registro. “Varios factores pueden estar motivando el pico de violencia, incluyendo la continua fragmentación del Cártel de Sinaloa, la competencia para satisfacer la floreciente demanda de heroína en EU y esfuerzos ineficaces de aplicación de la ley contra las organizaciones criminales trasnacionales, tales como la remoción de capos criminales clave. El rebote de los asesinatos en 2017, a pesar de la remoción de 107 de los 122 más importantes criminales violentos de México, sugiere que esos líderes son reemplazables… Las organizaciones se fragmentaron pero no desaparecieron.

Fechado el pasado 8 de noviembre bajo la firma de June S. Beittel, investigador del CRS,  el reporte califica a la corrupción como un problema perenne el cual golpea directamente  a los cuerpos de seguridad.  El documento utiliza las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. De acuerdo a esta investigación, las autoridades mexicanas han sido ineficaces en su estrategia de privilegiar a los jefes criminales más altos, lo cual, junto con la fragmentación de los propios cárteles, ha impulsado la actual ola de violencia en el país.

La impunidad ante esos homicidios es también de proporciones históricas. La falta de adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables y sancionarlos genera un clima de impunidad creciente, la cual se vuelve un incentivo para nuevos ataques, como señala la CNDH en la recomendación general 24 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. Por ejemplo, de acuerdo a un análisis de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados contra instalaciones de medios informativos, se pudo observar que sólo en 10 por ciento de ellas existe sentencia condenatoria y en el 90 por ciento restante los agravios quedaron sin castigo. La impunidad incrementa el número de agresiones: en 2014, la CNDH tuvo conocimiento de 96 quejas; en 2015, fueron 80; en 2016, 98; y lo que va del 2017 ha recibido 77.

La CNDH documentó que los asesinatos de periodistas han ido en aumento desde el 2000, cuando se cometieron cuatro; hubo 10 tanto en 2006 como en 2008; en 2009 y 2015 se dio un repunte, con 12 cada año, y 2016 se convirtió en el año más letal con 13 homicidios. En lo que va de este 2017 ya van 10 periodistas asesinados en todo el país, lo cual indica la violencia contra la prensa no cesa, sino se incrementa a grandes pasos. Durante un foro sobre la libertad de expresión en la Universidad Autónoma de Mérida, el ombudsman nacional llamó a investigar las agresiones con perspectiva de género, estandarizar los protocolos de las indagatorias y mejorar los servicios periciales, crear nuevas leyes de protección a los comunicadores, generar “mapas de riesgo” y concientizar a la población en general sobre la importancia de la labor de los periodistas.

Otro dañino efecto de la narcoviolencia en el país es el desplazamiento de pueblos indígenas. Por ejemplo, el desalojo de los tarahumaras va en aumento. El año pasado cerca de 4 mil 500 pobladores abandonaron sus comunidades a causa de la inseguridad debido a la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por la siembra y trasiego de drogas; aunado a que la mayoría migra a las ciudades o a Estados Unidos. Organizaciones no Gubernamentales aseguran la cifra de desplazados es mayor porque en muchos poblados ya no hay gente o se quedaron a vivir sólo los adultos mayores, quienes aún siembran sus parcelas para no morirse de hambre. Este problema se presentó a partir de la década de los 90 y por estadística se sabe que la migración era de forma individual, pero a partir de 2013 el desplazamiento comenzó a ser masivo en Chihuahua.

La falta de alternativas de desarrollo en comunidades indígenas obliga a los integrantes de los pueblos originarios a unirse al crimen organizado, o ser torturados, desaparecidos o asesinados, advirtió Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Al destacar los altos niveles de violencia que sufre la población en general, y la indígena en particular, dijo haber tomado nota de numerosos casos de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y desplazamiento forzado en el país. Tauli-Corpuz estuvo de visita en México del 8 al 17 de noviembre pasado.

 

AMLO PROPONE 4% DEL PIB A OBRAS Y PLANES SOCIALES

La renovación del contrato social entre el gobierno y la sociedad mexicana parece ser uno de los ejes fundamentales del principal líder opositor del país, Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, quien es puntero en los sondeos hacia los comicios presidenciales del 2018. Al presentar su programa de gobierno en caso de ganar las elecciones del próximo año, el tabasqueño propuso redirigir fondos presupuestales equivalentes al 4.1 por ciento del PIB a infraestructura y programas sociales. La propuesta, dice el documento presentado en la Ciudad de México, se basaría en “austeridad”, sin nuevos impuestos pero manteniendo el equilibrio macroeconómico.

Durante la sesión del Congreso Nacional de Morena, en el Auditorio Nacional, se presentó el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024,  tal y como se hizo en el 2005 y el 2011. El documento fue aprobado a mano alzada por 10 mil delegados. La propuesta abarca siete temas, concentrados en cuatro ejes: economía y desarrollo; educación, cultura y valores; desarrollo social; y política de gobierno.

AMLO se comprometió a evaluar contratos derivados de reformas estructurales realizadas por el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, algo que ha preocupado a algunos empresarios involucrados en esos proyectos. De triunfar Morena en los comicios del próximo año, no se implementarán más leyes, sino que se velará para que se cumplan las que ya existen, aseguró Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Desarrollo 2018-2024 de López Obrador.

“Mienten todos los que afirman que con el triunfo de López Obrador se instaurará el autoritarismo y que esa será la forma de gobierno”,  aseguró Romo al sostener que en su gobierno se respetará la propiedad privada. “Nos inspiramos en México. No en Francia, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Venezuela”, enfatizó el empresario en el marco del IV Congreso Nacional Extraordinario de Morena.

El Proyecto de Desarrollo 2018-2024 tiene siete ejes principales, los cuales cubren los principales problemas actuales de México y su población: 1.- Combate total y frontal de la corrupción; 2.- Respecto irrestricto al Estado de Derecho; 3.- Regresar la tranquilidad física y la paz a los ciudadanos; 4.- Cumplimiento irrestricto de la ley. No se está pensando en crear más leyes, sino en cumplir con las que existen; 5.- Ejecución austera, responsable y honesta del gasto público. Primero asignar los recursos y luego buscarlos, y no al revés; 6.- Libertad como centro. Respeto a la propiedad privada; 7.- Priorizar la educación y la cultura.

Dicho plan será sometido a consulta “para que todos los mexicanos tengan algo que aportar” y se enriquezca, a fin de que “en la campaña presidencial se tenga el documento definitivo para llevar a la práctica esas ideas”, señaló Andrés Manuel López Obrador en un video grabado en Paquimé, Chihuahua. De gira por esa entidad, insistió que el plan de desarrollo de Morena, en el cual participaron alrededor de 200 personas entre empresarios, profesionales de todas las disciplinas, intelectuales y representantes de organizaciones sociales, es perfectible.

“AÑO DE HIDALGO”

 

La propuesta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador contrasta con la forma en que actúa el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus principales operadores. Por ejemplo, en el actual sexenio, un puñado de empresas constructoras propiedad de empresarios hidalguenses cercanos a políticos como Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam han registrado una prosperidad inverosímil. En cinco años, nueve constructoras hidalguenses han obtenido por lo menos 63 contratos que suman más de 2 mil 560 millones de pesos. Dichos contratos han sido entregados por funcionarios cercanos al actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

De las empresas involucradas, tres están vinculadas a Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR y ex mandatario de Hidalgo. Son las constructoras Alvarga Construcciones, Kouro Desarrollos, Demovial, Construcciones y Terracerías Gocatsa, Piram, Itrio Arquitectos, Gromac Construcciones, Grupo Xamay de Desarrollo y Grupo Constructor Tulancingo. Los contratos han sido otorgados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), principalmente por su delegación en el Estado de Hidalgo. Esas dependencias son dirigidas por ex funcionarios del gobierno de Osorio Chong en Hidalgo.

Nuvia Mayorga dirige la CDI. Fue secretaria de Finanzas en el gobierno estatal de Osorio Chong. El 11 de enero de 2013 fue designada por el presidente Enrique Peña Nieto como directora general de la Comisión encargada del desarrollo de infraestructura para la población indígena del país. Y Gerardo Salomón Bulos es el titular del Centro SCT en Hidalgo. El 24 de enero de 2013 fue designado delegado de la SCT en Hidalgo por el secretario Gerardo Ruiz Esparza. El Centro SCT Puebla es otra instancia que ha entregado contratos a estas constructoras. Es dirigido por Raúl Salvador Aguirre, ex secretario de Educación de Hidalgo en la gestión de Osorio Chong.

Las empresas mencionadas sólo participaban en licitaciones locales antes de 2013. Después de ese año ganaron licitaciones donde varias de ellas se inscribían y eran declaradas solventes por encima de otras competidoras con mayor experiencia y trayectoria. Destaca Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa, con contratos por 269 millones de pesos en este sexenio. Este empresario es propietario de la casa que ha habitado Osorio Chong en Paseo de las Palmas, en la Ciudad de México. Tras facilitar esa casa, le llovieron los contratos.

 

DE PENA AJENA

 

A nivel federal ha sido, sin duda alguna, la mágica desaparición de las aportaciones supuestamente realizadas por la iniciativa privada, los envíos de dinero de otros países para la reconstrucción, la falta de rendición de cuentas de estos fondos de los cuales EPN responsabilizó a empresarios e intelectuales de diversas organizaciones. Unos y otros se quejan por carecer de información fidedigna y del número de cuentas registradas enlos bancos y, finalmente, sobre quiénes son los autorizados para manejar los fondos.

En lo electoral lo cansado del estira y afloja sobre quiénes serán los abanderados delos diferentes partidos aliados a las elecciones y la guerra sucia sobre el tabasqueño en la que todos están más unidos que nunca.  La seguridad entre semana, en días feriados, sigue siendo ruinosa e inalcanzable, ufanándose en cada exposición del número de capos atrapados sin que ello signifique deje de venderse un solo gramo de coca, de heroína, de mota o los millones de pastillas; menos aún se ha golpeado a toda la infraestructura financiera de los carteles y así, ¿de qué presumen si todo sigue igual o mejor porque hacen la finta de reacomodos que solo ayuda a encarecer el producto?

Ya conocido por todo el mundo, el asunto de las cajas de seguridad rentadas por la empresa First National Security, ha puesto de nueva cuenta a Quintana Roo en un sitio altamente negativo en donde las autoridades locales brillan por su ausencia en tanto que las federales hacen su aparición de la peor manera, violentando leyes, con desacato abierto al Poder Judicial y demostrando como puede generarse un clima de terror al tratar a los arrendatarios como delincuentes porque o están en una especial mira por una supuesta relación con narcos o son evasores fiscales. ¿Quién autorizó a la SEIDO a pedir las declaraciones de impuestos de tres años anteriores? ¿A poco también buscan las de Doña Lety? El vaivén de las citas sigue en todo su apogeo y los cambios se suceden, como desde hace más de 20 días en tres horarios: mañana, tarde y noche.

Quien tiene a su cargo el manejo de la comunicación enredado como está en recalcar un respeto no visto a los medios, dejando pasar un tiempo precioso para la administración actual, deja sin cubrir las posiciones del gobierno sobre temas que afectan a sus ciudadanos. Le ha llevado un año intentar aprender y lidiar con los medios tradicionales y las redes sociales, además de seguir en la tejedera de los convenios y de lo que a su muy particular criterio debe ser el manejo informativo de la prensa. Por andarse “adecuando” no ha informado debidamente -por ejemplo- sobre la existencia del apoyo jurídico ofrecido por el gobernador a los usuarios de las cajas y la conveniencia de utilizarlo inclusive en combinación con los abogados que han llevado a cabo diligencias. En su esquema, los diarios ya no se leen y son más importantes sus páginas digitales. Aunque, en unos o en otros, las denuncias sólo se atienden si son selectivas o debidamente comprobadas, lo cual se une a su sabiduría sobre lo que rige el mercado de los titulares de prensa.De la plataforma de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, el engrudo se le hizo bolas desde hace mucho tiempo y, como suele suceder, es más proclive a los halagos que sus antecesores y tejer para intereses ajenos y a futuro no es su mejor presentación ¿o sí? Ya se verá en tiempos electorales.

DE LOS PASILLOS

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) actualizó sus objetivos de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Conservó medidas “duras” como la eliminación del Capítulo 19, de resolución de controversias, y la reducción de su déficit comercial, y materializó nuevas propuestas “espinosas”, como la reciprocidad en compras de gobierno y la llamada “cláusula de extinción”, aunque de forma matizada…

Frente a dichas propuestas, México y Canadá están complementando posturas de renegociación para el TLCAN. Han encontrado coincidencias y están trabajando en un frente unido, dijo Steve Veheul, negociador en jefe de Canadá. Entre los puntos de convergencia se encuentran las reglas de origen, tanto para automóviles, como para textiles, en donde la industria canadiense sería tan dañada como la mexicana si las propuestas estadounidenses pasaran. Otro tema común es la cláusula de terminación del acuerdo (Cláusula “Sunset”). EU aboga porque el TLC expire cada cinco años, mientras México y Canadá buscan que sí haya una revisión periódica pero que no necesariamente lleve a la terminación del Tratado.

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