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“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El mensaje enviado no es siempre

el mensaje recibido”: Virginia Satir

  • Insuficiente combate a la corrupción
  • Detenidos, hasta el momento, solo un puñado de culpables
  • UIF ha bloqueado cuentas por casi 4 mil millones de pesos
  • Odebrecht: un prófugo y muchos exfuncionarios impunes
  • Ancira sigue en libertad su proceso por “lavado de dinero”
  • Estafa Maestra: se acumulan las denuncias contra Rosario

Ciudad de México, 29 de agosto de 2019.- El  combate a la corrupción, junto con la austeridad republicana, es la asignatura estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual seguramente será presumida durante su primer informe de gobierno, pero sus resultados reales, concretos, son muy cuestionables, pues los procesos judiciales contra un puñado de ex funcionarios, un acaudalado empresario y un tristemente célebre abogado, están en curso y los recursos de defensa aún son muchos, lo cual pone en duda se alcancen sentencias y recuperación de recursos públicos realmente importantes, como para poder decir esta lucha es o ha sido exitosa.

 La Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, ha sido clave en este combate a las irregularidades de las pasadas administraciones, especialmente la de Enrique Peña Nieto, hasta ahora totalmente impune, así como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus auditorías al ejercicio de los recursos públicos de gobiernos federales anteriores a la denominada Cuarta Transformación. Donde el trípode de este combate parece haberse quedado corto es en la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, pues los resultados alcanzados hasta el momento todavía dejan mucho que desear.

Santiago Nieto informó este jueves la UIF ha bloqueado cuentas bancarias en esta administración por casi 4 mil millones de pesos: 3 mil 271 millones provienen de las cuentas que los denunciantes refieren directamente, y otros 555 millones de cuentas relacionadas con esos reportes. Además, bloqueó otras cuentas por 42 millones de dólares, con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante un congreso sobre prevención de lavado de dinero organizado por Thompson Reuters, el funcionario indicó ese bloqueo se realiza con base a los reportes recibidos por la UIF, la lista de personas buscadas, y los estándares internacionales de prevención  de lavado de dinero. 

Sin embargo, los resultados visibles del combate a la corrupción son aún insuficientes:

Rosario Robles, principal operadora de la “Estafa Maestra”, tras las rejas, las cuales puede dejar atrás en un plazo breve; su ex amante Carlos Ahumada libre en Argentina y la esposa de éste y tercera en discordia, Cecilia Gurza González, también libre de polvo y paja al alcanzar un acuerdo extra judicial; Emilio Lozoya Austin prófugo, y el resto de los funcionarios implicados en los sobornos de Odebrecht y en la compra-venta de Agronitrogenados y Fertinal, libres y sin ser molestados ni siquiera con el pétalo de un citatorio judicial; Alonso Ancira, dueño de AHMSA, libre bajo fianza y siguiendo en esa condición su proceso judicial en España; y el afamado y hasta hace poco influyente abogado Juan Collado preso, enfrentando lo que sin duda será un largo proceso legal cuyo resultado es impredecible.

Eso es todo y hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció hoy  -seguramente porque no tenía otro tema noticioso espectacular-, en su conferencia mañanera, revisar indagatorias relacionadas con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, por el cual Lozoya Austin sigue prófugo. “Si hay investigaciones en curso se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de funcionarios públicos, para eso es la Secretaría de la Función Pública”, señaló.

AMLO sintetizó la información del caso difundida durante todo este año y el pasado: “Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular con varios gobiernos de México y en América Latina, es una empresa en su momento famosa, estaba de moda ( ..) lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción, eso es lo que se tiene que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos, esta empresa era tan famosa, tan famosa que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración en Los Pinos, en ese entonces era presidente, ya no voy a decir quién, investígalo, ya porque si no va a parecer que es asunto de fijación personal”, pero no, ¿o si?

ODEBRECHT: PRÓFUGO E INTOCABLES

La indagatoria por el caso Odebrecht inició en enero de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero tras dos años de investigaciones la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Raúl Cervantes Andrade y Arturo Elías Beltrán, fue incapaz de judicializar el caso, lo cual protegió a Lozoya Austin así como al resto de dirigentes priístas y después funcionarios federales de alto nivel implicados en esta trama, entre los cuales  destacan el propio ex presidente Enrique Peña Nieto y los ex secretarios de Estado de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, entre 2012 y 2014, Lozoya Austin –quien actualmente sigue prófugo- presuntamente recibió sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA) por un monto que superaría los 12.5 millones de dólares, a cambio de favorecerlas con contratos. Con ese dinero el ex funcionario habría comprado, al menos, dos residencias en zonas exclusivas de la Ciudad de México e Ixtapa, Guerrero, que le permitieron ocultar el presunto origen ilícito de esos recursos.

A mediados del mes de julio de este año se difundió la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Un juez de control libró el día 4 de ese mes órdenes de aprehensión contra Lozoya, su cónyuge Marielle Eckes, su madre Gilda Austin, su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera, y la FGR precisó que la compra de una casa de Ixtapa realizada por la esposa del ex funcionario, derivó de un soborno el cual, según las investigaciones, pagó el dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira.

La semana pasada, la UIF informó plantea presentar en las próximas semanas cargos de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos contra Emilio Lozoya Austin, de acuerdo con una publicación del periódico estadounidense The Wall Street Journal. Según esa información,  el ex funcionario habría recibido 2.8 millones de dólares en presuntos sobornos por la compra de Grupo Fertinal en 2015, los cuales pudieron ser depositados desde un año antes a una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo control tenía el ex director de Pemex. Las autoridades financieras deben presentar las denuncias ante la FGR antes de llevar el caso ante un juez, destacó ese medio. 

Lozoya Austin tiene una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del caso Odebrecht, y otra por la compra-venta de la planta Agronitrogenados a AHMSA. Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Lozoya por 10 años, por omitir cuentas y saldos bancarios en sus declaraciones patrimoniales.

Al escribir estas líneas se definía en una audiencia en el Reclusorio Norte, si las autoridades procederán con la extinción de dominio que pesa sobre una de las propiedades de Emilio Lozoya, ubicada en Lomas de Bezares en Cuajimalpa, Estado de México, que habría sido adquirida por 38 millones de pesos en noviembre de 2012, con dinero de procedencia ilícita. 

DEA INVESTIGA A ANCIRA POR LAVADO DE DINERO

El 28 de mayo de este año, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, quien fue detenido en España como uno de los responsables de los daños a la hacienda pública federal, por la compra-venta de Pemex de la planta abandonada de fertilizantes Agronitrogenados, la cual costaba 275 millones de dólares y terminó con un sobreprecio de 100 millones de dólares por presuntamente trabajos de remodelación.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó a principios del pasado mes de julio emprendió una investigación contra Alonso Ancira por lavado de dinero. Tras esta notificación, el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, negó el desbloqueo de las cuentas de Ancira Elizondo, la cuales fueron congeladas a finales de mayo tras las investigaciones de la UIF.

Alfonso Ancira fue aprehendido en España en 28 de mayor, tras un mes detenido logró obtener su liberad  bajo fianza por el pago de un millón de euros,  por lo que actualmente se encuentra sujeto a proceso por su vinculación en fraude de la empresa brasileña Odebrecht. Hasta el momento, no existe fecha para pactar el proceso de extradición de Ancira Elizondo a México para ser juzgado por la justicia mexicana.

ESTAFA MAESTRA: MÁS DENUNCIAS CONTRA ROSARIO

La UIF anunció la semana pasada presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, actualmente presa por su presunta participación en la “Estafa Maestra”, a través de la cual se otorgaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos a 186  empresas “fantasma” en su mayoría, y de éstos no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Alfredo del Mazo, ex titular de Banobras y actual gobernador del Estado de México, es uno de los principales implicados en esta trama, así como Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, pero no son los únicos, pues se trata de toda una red de servidores públicos beneficiados con este mecanismo. Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó trabaja en el tema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada.

En este caso, se solicitó información a unidades de inteligencia en otros países para conocer si había cuentas relacionadas con Robles Berlanga y sus ex colaboradores; se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos  hasta por 12 millones de pesos y se generaron ocho relacionadas con empresas vinculadas y se analizan 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar a la UIF, con un valor superior a 800 millones de pesos. Esto a fin de determinar cuántas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodología que fue descubierta por la Auditoría Superior de la Federación en la “Estafa Maestra”, a través de la cual se utilizaron a las universidades –vía artículo primero de la Ley de Adquisiciones- por medio de la adjudicación directa de contratos a empresas que tenían muy poco tiempo de constituidas o que tenían prestanombres.

Nieto Castillo destacó en el foro “Sistemas anticorrupción. Retos, perspectivas, experiencias”, el desafío de la recuperación de activos y en ese sentido, dijo, debe haber un debate fundamental sobre la Extinción de Dominio, así como fortalecer a las instituciones y la coordinación con base en datos y la cultura de la legalidad, entre otros temas.

Dentro del escándalo del encarcelamiento de Robles Berlanga también salió a colación la detención y posterior liberación de su ex socio y amante, el empresario argentino Carlos Ahumada, quien se hiciera famoso por haber grabado videos en los que se aprecia a funcionarios recibiendo sobornos. La semana pasada, la FGR informó Ahumada no ha sido exonerado del delito por probable defraudación fiscal de un millón 472 mil 236 pesos por lo que en un plazo –a partir del 21 de agosto- de 60 días se entregará la solicitud formal de extradición a Argentina. Así, el procedimiento de extradición, iniciado desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal.

Fue en octubre de 2016 cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP formuló querella por defraudación fiscal equiparable ante el Ministerio Público Federal (MPF) contra Carlos Ahumada, por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos. Y en marzo de 2017, la PGR ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra del empresario.

En la presente administración federal se retomaron todos los casos atrasados de defraudación fiscal y se solicitó a la Interpol la alerta conocida como Ficha Roja. A solicitud de la Interpol, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, Argentina, detuvo a Ahumada el 16 de agosto. Un juez de ese país le otorgó la libertad, pero no debe ausentarse de su domicilio por un periodo mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y tiene prohibido salir de Argentina.

Además de las dos carpetas de investigación en contra de la ex pareja sentimental de Robles Berlanga, existe una tercera sobre su esposa, Cecilia Gurza González por un presunto fraude fiscal de 2011. Este jueves se dio a conocer que Gurza logró un convenio para dar terminada una demanda en la que había sido condenada a pagar 34 millones de pesos más intereses a un ex socio de su marido.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil notificó el lunes pasado que cerró el expediente de la demanda ejecutiva mercantil 47/2019, promovida en contra de Gurza González por Antonio Martínez Ocampo, quien fue socio y apoderado de empresas de Ahumada, y estuvo preso por el caso de los videoescándalos. Los arreglos en demandas de este tipo no son públicos, por lo que se desconoce la forma en que Martínez Ocampo aceptó tener por saldada la deuda.

JAVIER “EL SAPO” DUARTE

De acuerdo a diversos medios de comunicación, antes de concluir la gestión de Enrique Peña Nieto, la UIF solicitó a la PGR retirarle a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, la acusación del delito de delincuencia organizada y siga su proceso fuera de prisión.

El ex mandatario fue condenado a 8 años de cárcel y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, sólo por asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que los imputados pueden solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumplan la mitad de su condena. Duarte podría solicitar este beneficio dentro de dos años y dos meses.

Mauricio Balbuena, entonces titular de la UIF, solicitó a la PGR retirarle a Duarte la acusación del delito de delincuencia organizada. La petición la hizo el 21 de agosto de 2018. El alegato presentado en el oficio 110/E/989/2018, determinó la decisión de la PGR de reducir la acusación contra Duarte.

Duarte de Ochoa, durante una entrevista radiofónica, negó esos señalamientos y calificó esa información de ilógica. 

El pasado 19 de agosto el diario Reforma publicó que el ex gobernador de Veracruz ofreció a la FGR pruebas del desvío de dinero de su administración a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. En ese año, el PRD denunció un presunto financiamiento del gobierno duartista a la campaña de EPN luego de que la extinta PGR aseguró 25 millones de pesos en efectivo a dos colaboradores de Duarte en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El mes de julio pasado, el ex mandatario envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR en la que le pide que la información y evidencias enviadas no sean utilizadas en contra de sus ex colaboradores. ¿Acuerdos…? ¿Cuántos…?

DE LOS PASILLOS

El nepotismo y el agandalle nunca se acaban en la administración pública federal:  Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular de AMLO, logró colocar a su esposa Alejandra Camacho González en una gerencia de recursos humanos en Pemex, a donde llegó desde febrero. Como no tiene experiencia en esa materia sino en administración de instituciones de educación superior se encarga de la capacitación del personal y la evaluación del desempeño de los especialistas de la petrolera. Camacho González se ha concentrado en deshacerse de los funcionarios que en el pasado concursaron por sus plazas y, por méritos, se las ganaron. Como despedirlos sin más es violar la ley, simula concursos y paneles que invariablemente reprueban, y así puede justificar su salida…

De tanto sacarla, la carta de culpar a las administraciones anteriores de los males resentidos en el país se ha ido desgastando. La violencia en Veracruz, donde los homicidios dolosos, secuestros y feminicidios van en aumento, es un problema que se ha heredado de administraciones pasadas, señaló López Obrador en su conferencia mañanera: “Lo que si es un hecho es que hay un problema en Veracruz heredado por las autoridades anteriores y no solo por las autoridades locales, también por las autoridades federales, porque en el Congreso se aprobaron reformas que llevaron a que estas instituciones fundamentales, como las Fiscalías, los representantes los nombrara el gobernador en turno y son inamovibles, y no solo eso, están 10 años y a veces hasta más”.  El tiempo pasa y esa excusa cada vez es menos útil, mientras los cadáveres siguen acumulándose sin encontrarle la actual gestión federal la cuadratura al círculo de la inseguridad pública en el país, no sólo en esa entidad del Golfo. 

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