“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La violencia llama a la violencia”: Théophile Gautier.

  • Se reagrupan los dos principales cárteles del narco
  • Carecemos de interlocutores oficiales, señala DEA
  • Informe de la UNODC: 30 mil asesinatos en 2017
  • Peña Nieto y Calderón cargan con 160 mil muertos
  • Coldwell, Videgaray y EPN ¿protegidos?: J Coello
  • 3de3 casos pendientes sin resolver en Quintana Roo

Ciudad de México, 8 de Julio de 2019.- Con la 4a. Transformación se reemplazó la PGR por la Fiscalía General de la República (FGR); se cambio el paradigma de seguridad pública; se creó  la Guardia Nacional y se enfocó a  la persecución de la migración; se deja atrás la guerra al narcotráfico, se transforman los cuerpos castrenses dedicados a su combate, con la lamentable rebeldía de los policías federales; y se desatendió la cooperación binacional con Estados Unidos en la lucha a las organizaciones criminales, pero el problema de la violencia en el país sigue sin resolverse, los cadáveres siguen acumulándose y dos cárteles mexicanos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, extienden su control territorial. 

El Estudio Mundial sobre Homicidios de 2019, presentado este lunes en Viena por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) destaca: México registró en 2017 un récord histórico de muertes violentas con más de 30 mil homicidios, cifra atribuible a la fragmentación de cárteles. El fenómeno se lo atribuye a “la creciente desorganización de la delincuencia” en el país, y asegura “las carteles dominantes de hace cinco años se han fragmentado y diversificado”. Eso explicaría el incremento del número de asesinatos entre 2014 y 2017 después de un periodo de baja. 

El documento, sin duda, es una defensa de las operaciones de la “guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón y destaca los “éxitos” de ésta: “una sucesión de arrestos de alto nivel desataron el conflicto y la fragmentación de algunos de los principales carteles”; y la continuidad de esos operativos en la gestión de Enrique Peña Nieto: “el capo de la Federación de Sinaloa –Joaquín El Chapo Guzmán Loera-, quien dominó numerosos mercados de la droga durante años, fue extraditado a Estados Unidos en 2017”. Y las victorias de la guerra contra las drogas siguen: la detención o la muerte violenta de números líderes del cartel de los Zetas entre 2012 y 2018.

Según la UNODC “la desorganización del mercado provocada por estos golpes a la jerarquía de los principales cárteles parece ser la razón por la que se revirtió la tendencia a la baja, y las tasa de homicidios comenzaron a subir de nuevo entre 2014 y 2017”. En este último año se alcanzó el récord de 30 mil homicidios dolosos. El documento surge a la luz justo cuando se pone de nuevo al descubierto las acciones que la Policía Federal al mando de Genaro García Luna es señalado en el juicio a Joaquín Guzmán Loera por la serie de servicios prestados al Cártel de Sinaloa.

La situación también la han resentido activistas por los derechos humanos y periodistas. En los primeros 10 meses de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 285 casos de acoso, violencia, robo o ataques cibernéticos contra defensores de los derechos humanos. Entre 2010 y 2017 han sido asesinadas en territorio mexicano más de 43 activistas y periodistas mujeres, resalta el informe.

PERSISTE VIOLENCIA

Pese a todos los informes y reportes de organizaciones internacionales y locales, la violencia en el país persiste, está presente, lo mismo en las colonias de la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, con diversos cárteles presuntamente identificados; en los centros turísticos más importantes del país, como Cancún, Quintana Roo; a lo largo de la frontera norte y las rutas de trasiego de drogas, aunque las noticias sobre estas actividades han disminuido en los medios mexicanos desplazadas por otros temas de la agenda nacional impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer semestre de este año cerró con 9 mil 546 asesinatos, los cuales se suman a los más de 124 mil perpetrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y los  120 mil 935 del gobierno de Felipe Calderón, de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEG), aunque estimaciones de organizaciones de la sociedad civil y del propio titular del Ejecutivo federal hablan de 160 mil ejecutados en los últimos dos sexenios.

Según el recuento de muertes perpetradas en el territorio mexicano en el primer semestre del año realizado por un diario capitalino (Milenio) acumula 9 mil 546 asesinatos en el país, un incremento del 20 por ciento en comparación con el periodo anterior (enero-junio de 2018), el cual cobró 7 mil 954 víctimas. Las entidades más golpeadas en el mes de junio fueron: Jalisco con 206  homicidios dolosos; Estado de México, con 202; Baja California, con 181, Guanajuato, con 136; Veracruz, con 131; y Colima, con 129 asesinatos. Y las entidades con menos homicidios: Yucatán, con solo un homicidio; Baja California Sur, con dos; Campeche, con cinco; y Durango y Aguascalientes, con seis crímenes, cada uno.

SIN INTERLOCUTORES EN MÉXICO: EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se queja de falta de colaboración de la administración de AMLO en materia de combate al narcotráfico. Funcionarios estadounidenses lamentan existe desatención en esta materia y sostienen no hay intercambio de información de inteligencia con sus contrapartes  mexicanos en el terreno operativo, lo cual ha sido aprovechado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, para ampliar sus zonas de operación e influencia, con la consecuente violencia en muchas entidades federativas.

Declaraciones de dichos funcionarios, quienes prefirieron el anonimato, a la revista Proceso sostienen: “Nuestros agentes no tienen contraparte en los estados donde los cárteles de la droga ejercen el control de territorios. Antes tenían a los agentes del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), a policías federales y a delegados de la PGR; ahora no sabemos con quiénes trabajar. Y no estoy hablando de la relación burocrática en la Ciudad de México; hablo del personal operativo, de los que están en los campos de batalla”.

Este cambio en la cooperación en materia de combate al narcotráfico lo resienten más los propios Estados Unidos, especialmente en su frontera sur. Además, los consulados  en California, Texas, Nuevo México y Arizona se quedaron sin delegados y la FGR no ha designado a sus sustitutos. Así, los funcionarios estadounidenses ven con preocupación el incremento en el trasiego de heroína y mentafetamina por parte del CJNG y el Cártel de Sinaloa, cuyos principales capos han establecido, dicen, una extraña relación o tregua. Sin duda les preocupa también la oferta a sus millones de adictos y la crisis de salud resentida en varios de los principales centros urbanos estadounidenses.

Desde la anulación de El Chapo Guzmán al frente del Cártel de Sinaloa –el miércoles 17 la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, Nueva York, le dictará sentencia-, el Mayo Zambada y sus hijos cedieron al CJNG territorio dominados por El Chapo. Sin embargo, persiste la disputa entre la organización liderada por Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, y otros grupos criminales de Sinaloa. La prensa ha dejado de hablar de esto, pero en materia de seguridad no se registra el nuevo gobierno de AMLO este enfrentando esta situación.

Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 y a partir de entonces las agencias estadounidenses como la DEA (Administración Federal Antidrogas) han dejado de hablar con el mismo énfasis de su lucha contra el Cártel de Sinaloa. Esto hace sospechar un acuerdo con la fracción del Mayo Zambada, la cual fue confirmada en el desarrollo del juicio del otrora capo más poderoso de México. Sin embargo, el reporte de la UNODC es sin duda un intento para presionar a AMLO a volver al esquema de “guerra contra las drogas”.

EPN, VIDEGARAY Y COLDWELL NO DECLARARÁN

Por el caso Nitrogenados, asunto por el cual el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta una orden de aprehensión y está prófugo, el juzgado Octavo de Distrito negó citar a comparecer al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al ex secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell.

Luz María Ortega Tlapa, jueza octava de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México, rechazó aceptar las pruebas testimoniales ofrecidas a su cargo por Emilio Lozoya, con las cuales busca combatir la orden de captura librada en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la presunta entrega de un soborno en la compra venta que Pemex hizo de la empresa Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México.

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, aseguró: si el ex presidente Enrique Peña Nieto no es llamado a declarar sobre el caso Agronitrogenados es porque el Poder Judicial lo está encubriendo. En una entrevista radiofónica declaró se encuentra en espera del amparo solicitado al Juez Octavo y de no obtener respuesta es porque se cubre al ex presidente y a sus ex secretarios de Hacienda y Energía. 

Mientras la judicialización del proceso está asentada. La FGR y la UIF siguen acumulando las pruebas requeridas por el Poder Judicial en contra de Lozoya Austin y sus familiares, involucrados y beneficiados con el lavado de dinero de operaciones ilícitas y la entrega de sobornos al ex colaborador de Enrique Peña Nieto.

QUIEREN PRESUPUESTO SIN TRABAJAR

Un total de 82 organizaciones políticas buscan convertirse en partido político con el fin de alcanzar el financiamiento establecido en las leyes vigentes en la materia, y acumular capital, bienes y estructura de sus institutos, para participar en comicios locales, estatales y federales, y acceder sus líderes a cargos de elección popular, como presidencias municipales, gubernaturas, y curules en Congresos locales y el Federal.

Sin embargo, no quieren trabajar o no pueden cubrir los requisitos establecidos. Sólo 14 han arrancado con las asambleas obligatorias por ley. Hasta el 19 de junio de este año, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), 45 organizaciones decidieron usar el sistema propuesto por el organismo electoral para afiliación, sin embargo sólo 38 están activas, y de ellas sólo 14 han realizado asambleas estatales o distritales, principal requisito para convertirse en partido.

De acuerdo a los lineamientos del INE, las agrupaciones deberán efectuar al menos 20 asambleas estatales o 200 distritales antes del 15 de enero de 2020; deberán recabar 233 mil 945 afiliaciones, el 0.26 por ciento del padrón electoral utilizado en la última elección federal ordinaria, con lo cual en cada asamblea estatal se les exige como mínimo 3 mil firmas y 300 en las distritales.

Los resultados hasta el momento son desalentadores para los militantes de estas agrupaciones políticas: Encuentro Solidario, integrado por los militantes del ex Partido Encuentro Social (PES), lleva 53 reuniones; Libertad y Responsabilidad Democrática, agrupación del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, la cual busca convertirse en el partido México Libre, sólo ha tenido 8 asambleas en cuatro meses.

Teniendo Espacios ha  realizado 29 asambleas, pero no existe registro de ella en redes sociales; Fundación Alternativa, del ex priista César Augusto Santiago, ha realizado 28 reuniones; Nosotros, registrada por Brenda Yasbeth Moreno Barrea, ha tenido 16 asambleas; Movimiento Ambientalista Social por México, encabezada por Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto, lleva 11.

Gente Humanista, integrada por algunos ex miembros del Partido Humanista, ha realizado 9 encuentros; Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la Sociedad (Vamos), relacionada con ex comisionados de transparencia, ha organizado 5; México Adelante, y México Nuevo, agrupación adherente al PRI,  liderada por Humberto López Flores, llevan tres reuniones distritales.

Fuerza Redmx, promovida por el periodista Amado Avendaño, quien quiere formar el Partido Digital, en cuatro meses ha realizado dos encuentros. Frente por la Cuarta Transformación,  del ex perredista Elías Miguel Moreno Brizuela, y Ciudadanos en Transformación. ¿Así cómo…?

RADIODIFUSORAS, OTRO BOTIN

Sabido es fue a las calladas como se pretendió eliminar al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) a través del cual operan 21 estaciones adscritas a la Secretaría de Educación Pública. La inconformidad por el anunciado cierre con el que perderían su empleo mas de 200 trabajadores entre conductores, locutores, operadores, técnicos fue expuesta ante el Ejecutivo federal, quien dijo desconocer tal medida y de inmediato se ordenó dar marcha atrás.

Sin embargo siguen en la zozobra, no hay certidumbre de permanencia ni de su labor ni de las radiodifusoras. Al respecto y como viene siendo costumbre, el encargado de la comunicación presidencial Jesús Ramírez, alias “el aceitoso” -se desconoce si tal apodo se lo impusieron por lo grasiento del pelo o porque todo se le resbala-, sostiene: no hay problema alguno y, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Publico de Radiodifusión del Estado Mexicano, lo secundó, al igual que Alejandra Frausto, titular de Cultura refiriéndose a los canales de televisión 11 y 22.

Ahora que, las radiodifusoras y televisoras privadas consideran como competencia desleal la transmisión de estos medios del Estado e inclusive proponen y pugnan por su privatización. Argumentan en la inexistencia de razones para ser pagadas todas las operaciones con dinero de los contribuyentes, cuando procedente de ese mismo conducto se les pagan los anuncios y los convenios. A la salida al aire de 17 emisoras analógicas, 39 digitales y una señal vía Internet se destinan 159 millones de pesos anuales. ¿Pretenderán los privados también hacerse del Canal del Congreso? ¿Del Judicial? ¿Del exclusivo de Senadores en proyecto? Aunque primero deben encontrar quien maneje el que está al aire… ¿o no?

DE LOS PASILLOS

Tres y nada más tres de las muchas por escribirse y en las cuales Quintana Roo o mejor dicho su gobierno, sus autoridades, salen muy mal paradas. Sigue comprobándose día con día, recibo tras recibo de consumo de energía eléctrica, es esa la entidad en donde más se le paga a la CFE y no es por la tarifa tan alta, ni por agregarle son los ciudadanos a través de ese cobro quienes también pagan el alumbrado público, servicio y deuda responsabilidad de los Ayuntamientos, sino es por las alteraciones en los medidores. No han presentado la comprobación de buen funcionamiento ante ningún usuario y si se atreven a recogerlos, pese a ser propiedad de quién lo paga, o sea usted, hasta a golpe de martillo. Manuel Bartlett, entretenido como está con eso de los fraudes gigantes de empresas incumplidas, permite se de rienda suelta a todos estos abusos y como no hay gobierno local en el cual apoyarse o interesado en encabezar las inconformidades ante la federación por acciones de empresas abusivas como la CFE y Aguakán, hay que crecer al castigo, denunciarlos, no negociar y recurrir a la ley. Sigue viva la interrogante ¿por qué a Tabasco sí se le hacen condonaciones millonarias y al resto de usuarios en la República no?…

Por más que digan y declaren y armen espectáculos suficientemente increíbles como para que los ciudadanos lejos de alegrarse se sientan más inseguros y desprotegidos, las acciones de los malos permanecen, suman a diario cadáveres y eventos con los cuales el mentado Mando Único demuestra su fatal realidad, ha sido inoperante e incompetente, y resulta habiendo sido anunciado hace meses apenas están exigiendo por parte del patrón de Jesús Alberto Capella lo ponga en activo. Mientras tanto, si se hubiera actuado con la celeridad del “rescate” de los jóvenes trabajadores de un call center en el caso de quienes, por ejemplo, asaltaron Cinépolis, provocando pánico a su paso o de los asesinos del empresario Marzuka o de los cientos pendientes, tal vez podrían comenzar a sembrar credibilidad, pero con esas acciones en donde los reflectores están garantizados no hay más que justificadas dudas…

Por último y si se compara el diseño de la mega escultura ubicada en Chetumal y cuyo trazo original correspondió a una obra de “Sebastián”, al actual existen muchas diferencias. Según se supo con los cambios vino la aprobación de una partida de 25 millones de pesos y sigue señalando la existencia de una terraza, un restaurant, el planetario, museo, tienda y como gran atractivo fuentes danzantes. Hasta ahora la inversión hecha  suma 274 millones de pesos más los últimos 25 millones, o sea no albergará las oficinas de SECTUR como se había asegurado. Ahora bien, Hendricks invirtió 110 millones, González 34, Borge 110, Sintra aportó otros 10 y Joaquín 25. En toda esta relación no aparece en cuanto compraron los derechos de Carvajal, en cuanto salió el chiste para modificar, inclusive, el diseño original, en cuanto resulto al final una obra cuyo ex gobernador promotor había conseguido mucho más barata y a estas alturas ya se sabría si consiguió el objetivo de atracción turística pero…

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