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“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La historia de la libertad es la de la

lucha por limitar el poder del gobierno”:

Thomas Woodrow Wilson

  • Cocinan ilegal ley mordaza
  • Reformas judiciales, exhiben rasgos de autoritarismo de la 4T
  • SIP alerta ante intención de penalizar difamación y calumnia
  • Aguayo paga fianza y detiene, por ahora, embargo de bienes

Ciudad de México, 28 de enero de 2020.- Preocupantes rasgos de autoritarismo se observan en el segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las propuestas de reforma al sistema de administración y procuración de justicia, originadas en la Fiscalía General de la República (FGR), preocupan a los especialistas por su regresión a regímenes ya superados el siglo pasado. Un ejemplo es la iniciativa circulada en el Senado de la República de un nuevo Código Penal Nacional para tipificar la difamación como delito, la cual tendría castigos económicos y otros más severos como cárcel. Dicha propuesta está todavía en veremos en la Cámara alta, pero en los tribunales judiciales hay ya una abierta embestida contra la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Un juez civil de la Ciudad de México autorizó embargar propiedades del académico y articulista Sergio Aguayo Quezada, para garantizar el pago de 10 millones de pesos a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila. A través del pago de 450 mil pesos como garantía, Aguayo, quien sólo ejerció su derecho  a informar, criticar u opinar, conjuró la amenaza de embargo. No obstante, la cuestión de fondo es la intención de la autodenominada Cuarta Transformación de volver a criminalizar lo, en su juicio, calificado de calumnia y  difamación, y sancionarla hasta con 6 años de cárcel,  todo ello con el fin de lograr  contener la cada vez más fuerte ola de críticas a sus decisiones.

La sentencia a pagar 10 millones de pesos al exmandatario de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, quien demandó por daño moral a Sergio Aguayo, afecta seriamente la libertad de expresión. Esta decisión acarrea un riesgo para el ejercicio de ese derecho constitucional, sobre todo por el monto exorbitante que se le ordena pagar al periodista. Para Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), “la reacción cautelosa de la prensa ante esta sentencia puede ser muestra de este efecto intimidatorio”. La sentencia, agregó, puede traer un “efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios públicos que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos”. Ello debilitaría la rendición de cuentas pues una de las razones por las que Moreira demandó a Sergio Aguayo fue porque el columnista dijo que el ex gobernador sería responsable “por lo menos por omisión, de graves violaciones de derechos humanos bajo su gestión”.

La de Moreira se suma a una serie de demandas y sentencias por daños al honor y reputación “promovidas en contra de voces críticas”. Por eso, Jan Jarab exhorta a las autoridades federales y estatales a adecuar la legislación civil relacionada con protección al derecho de honor y reputación. También pidió llevar a cabo las necesarias adecuaciones “para garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no sea objeto de censura”. En esta materia, los estándares internacionales son claros y determinan los procedimientos civiles deben incluir criterios que impidan la protección al honor y la reputación. Jarab destacó: “bienes tutelados por los sistemas regional y universal de derechos humanos no deben convertirse en una herramienta de censura a quienes investigan e informan sobre las conductas de servidores públicos”. 

Para ONU-DH la denominada “protección del honor” de “destacadas personalidades” contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general. Esto cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite, incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recordó ha recomendado al Estado mexicano realizar reformas legislativas para eliminar delitos que apliquen para criminalizar la libertad de expresión. Además, estipular en los códigos civiles “límites y criterios para las sanciones, conforme a estándares internacionales”.

EMBESTIDA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Desde la semana pasada, en el Senado de la República, circuló una iniciativa de un nuevo Código Penal Nacional que busca tipificar a la difamación como delito, la cual tendría castigos severos como cárcel. La propuesta, presuntamente originada en la Fiscalía General de la República (FGR), de prosperar, advierte que la manifestación de ideas sobre el servicio público sería legalmente equiparable a delitos cometidos por el crimen organizado. Esa conducta ya fue despenalizada en el país en 2007, pero sí se castiga por la vía civil con extralimitaciones.

En el “borrador” de un nuevo Código Penal nacional, el cual circuló entre senadores, plantea en el artículo 468, fracción V, se tipifique como delito contra la cultura cívica a la difamación. Y se plantea un castigo de cárcel de 6 meses a 6 años y una multa de 20 a 25 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien calumnie o difame.  La propuesta señala las sanciones a quien “ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. Lease con cuidado: “hecho cierto o falso”… “determinado o indeterminado”, o sea ¿revelar la verdad, acreditarla inclusive, es delito? ¿Se sienten agredidos quienes son descubiertos exhibidos y los daños causados a la población… esos que?

El proyecto del gobierno federal, relacionado con “Delitos contra la Justicia Cívica”, también incluye sanciones a quienes “fuera de una contienda de obra o de palabra y con ánimo de ofender, ejecute una acción o profiera una expresión que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado; al que públicamente y fuera de riña diera a otro un golpe que cause lesión con intención de ofenderlo, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de diez a cien mil veces…”.

LANZA ALERTA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación ante una posible reforma judicial en México la cual reconvertiría la difamación en un delito penal, retrotrayendo al país a épocas en las cuales los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar. Christopher Barnes, director general de The Gleaner de Kingston, Jamaica, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, solicitaron al gobierno de López Obrador y al poder legislativo en México que durante la discusión de la posible reforma en febrero, ante el Senado de la República, observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión.

Particularmente, pidieron observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual se consigna “la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles”. Países latinoamericanos han descriminalizado la difamación: Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Granada, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay. Actualmente, de acuerdo con la organización Artículo 19, en América Latina los países en donde castigan las ideas son: Bolivia, Guatemala, Cuba, Venezuela, Costa Rica y El Salvador. En el resto del mundo, otros naciones son: Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán y China.

Para lograr el respeto a sus ideas y evitar con ello venganzas, revanchas políticas, etcétera, se concedió el fuero. Para alcanzar la libertad de expresión ¿debe dejar de ser un derecho para darle paso a una medida de protección similar a la de los curuleros’ 

AGUAYO PAGA FIANZA

El articulista Sergio Aguayo pagó 450 mil pesos como garantía y sostuvo a través de su cuenta de Twitter: “la amenaza de embargo ha sido conjurada”. También denunció la existencia de una red de apoyo a Humberto Moreira en el Poder Judicial de la CDMX.  ¿Será acaso porque es un buen bailarín? ¿Con quién disfrutó el ex gobernador una quebradita…o fue danzón?

De acuerdo con lo publicado por el diario Reforma, en donde Sergio Aguayo es articulista y colaborador, el juez 16 de lo Civil, Francisco Castillo González, autorizó embargar sus propiedades si éste no pagaba voluntariamente 10 millones de pesos a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila. Hace cuatro años, el 20 de enero de 2016, Aguayo publicó un artículo editorial donde señalaba que Moreira, quien había sido detenido cinco días antes en Madrid acusado de lavado de dinero, destilaba “hedor corrupto”. “Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos”.

En esa misma crítica destacó: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Humberto Moreira demandó a Aguayo en julio de 2016 por daño moral y en un proceso viciado, donde fue acreditado uno de los magistrados del caso tiene conflicto de interés por su cercanía con el ex mandatario, el periodista fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos por ejercer su libre expresión.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reprobó la decisión del juez de embargar propiedades de Sergio Aguayo por criticar a Moreira. La funcionaria consideró la libertad de expresión y la libertad de los periodistas es algo que no debe limitarse. “En este caso, una multa de esta magnitud por un escrito de Sergio Aguayo me parece un absoluto exceso y además no va con relación a la defensa del trabajo de los periodistas”, i

DE LOS PASILLOS

Sin poder ofrecer alternativas reales de solución a los complejos problemas de inseguridad pública en territorio nacional y al estancamiento de la economía mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con su show en torno al avión presidencial. En su conferencia de prensa mañanera, mostró el boleto para la rifa de la aeronave, la cual se realizaría tentativamente el 5 de mayo. Preciso si no hay un comprador en estos días, se resolverá la próxima semana si se realiza el sorteo, y en ese caso se va a explicar todo el proceso de compra, rifa y mantenimiento. “Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”, se lee en el billete, el cual costará 500 pesos… Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ya adelantó pedirá a los legisladores de ese partido ayuden al presidente AMLO con la venta de los boletos de la rifa del avión presidencial. Señaló solicitará a los diputados morenistas que “le entren” con la compra de una serie completa, que sería de 10 mil pesos por 20 cachitos de 500 pesos… 

Según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya suman 21 entidades incorporadas al nuevo modelo de salud.  A tres días de vencer el plazo para adherirse al INSABE, hay “once entidades que están en proceso y estamos avanzando”, dijo.   AMLO admitió ha habido resistencia para sumarse al nuevo plan, entre ellos un director de un instituto de salud, quien “es el único que todavía no quiere la gratuidad , porque tienen ahí contratos por 600 millones de pesos de servicios de medicamentos”… A su vez, Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó este miércoles  y jueves se reunirá con  los representantes de gobernadores de los estados que no se han adherido al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar…

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) aseguró las bases y las acciones del proyecto del Tren Maya emprendidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) son ilegales, luego de la suspensión provisional en ese sentido otorgada a comunidades de Calkmul por un juzgado federal de Campeche. Las comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calkmul, Campeche, e integrantes del Cripx obtuvieron el 14 de enero la suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya. Las comunidades solicitaron un amparo contra el proceso de consulta indígena, al cual califican de simulación.

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