“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“El gobierno, en la mejor condición, es un mal necesario;

y en la peor es insoportable”: Thomas Paine.

  • Gobernadores corresponsables de la crisis
  • Repudiados: Echavarría, Sandoval y la Pavlovich
  • Pésimas calificaciones: Aureoles, Mena y Núñez
  • Peña Nieto con 78.5% de desaprobación: Arias C.
  • Roo: a punto del campeonato sobre inseguridad
  • AMLO: tras recuperar modelo de seguridad social
  • Miseria, actual destino de pensionados mexicanos
  • Niños mexicanos, mitad pobres; mitad analfabetas

En cada entidad quienes la habitan pueden calificar a sus gobernadores bajo una óptica muy diferente de la surgida a través de las encuestas, cuando no existen líneas políticas a las cuales culpar por la difusión de errores, fallas, promesas incumplidas, falsedades. Esa mirada es la más confiable al no obedecer a intereses internos, a los deseos de determinados grupos de poder. Así surgen las calificaciones para quienes son considerados, con base a las entrevistas hechas a los ciudadanos de la entidad, los mejores gobernadores: Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas con el 50.8 por ciento de aprobación; Miguel Márquez Márquez de Guanajuato con el 50.4 por ciento; y Rolando Zapata Bello de Yucatán con el 50.3 por ciento.

En sentido opuesto, los de peor aprobación son: Antonio Echavarría García de Nayarit con el menos 15.7%; Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco con el menos 12.6%; y de Sonora Claudia Pavlovich Arellano con el menos 10.6%. Según Arias Consultores, otros tres mandatarios estatales son de los peor calificados: Silvano Aureoles de Michoacán con el 12.6 por ciento; Marco Antonio Mena de Tlaxcala con el 7.5 por ciento y el tabasqueño Arturo Núñez Jiménez con apenas el 4.3 por ciento. Razones sobran para calificar con tan bajos registros a estos gobernadores. El caso del nayarita hizo surgir fallidas esperanzas de experiencia, inclusive, al haber sus padres ocupado el gobierno estatal e intentar heredarse el mandato.

Lo cierto en Nayarit es una presencia y dominio familiar sobre decisiones en todos los niveles de gobierno llegándose al extremo de violar la autonomía municipal y de dominar públicamente al Congreso local. Los hechos sangrientos y las desapariciones de hombres, mujeres y niños, así como la guerra intestina del cártel Jalisco Nueva Generación con los otros grupos narcotraficantes, resultaron la gota que derramó el vaso. El tiempo en el cual se ha desempeñado Aristóteles Sandoval en Jalisco, tuvieron la frivolidad como principal característica. Doña Claudia ha descuidado en extremo todas las líneas de gobierno en Sonora para dedicarse a las reuniones muy prolongadas con cirujanos y damas de la más correosa sociedad, mantenerse alejada de las mayorías ha sido uno de sus peores errores porque si bien es una minoría quienes se encuentran en pobreza extrema, se han detenido peligrosamente las inversiones.

Arturo Núñez no logró cumplir con una sola de las promesas emitidas en su búsqueda por la silla estatal. Miles de tabasqueños han emigrado por dos motivos: economía en picada e inseguridad. En este último renglón ha sido notorio y alarmante a nivel nacional el incremento de secuestros. Tlaxcala, bajo el gobierno de Marco Antonio Mena, está viviendo momentos mucho peores a los vistos con Tulio Hernández o con los panistas y hasta con la frivolidad con la cual se manejaba Mariano González Zarur. Silvano Aureoles, mandatario de Michoacán, igual ha venido coqueteando con panistas que con priístas y ni qué decir de sus intentonas por acercarse a los morenos. Vanidoso como es ha puesto fuera de balance a los ciudadanos ya de por sí suficientemente amenazados por los grupos mafiosos y de presión no desarticulados en el pasado reciente por el amigo predilecto del habitante temporal de Los Pinos.

Se revela en esta encuesta -cuya metodología ha sido de las más completas-, Enrique Peña Nieto apenas si cuenta con un 14.5 por ciento de aprobación; el 7 por ciento de la población permanece indiferente a su mandato y el 78.5 por ciento lo desaprueba. Con estos porcentajes, ya conocidos inclusive por su más cercano equipo, es imposible pueda conseguir un segundo lugar en las preferencias electorales para su candidato ahora convencido verde-priísta José Antonio Meade. La caída ahora menos estrepitosa, sino más bien agónica del ex titular de tres secretarías, tiene razones no precisamente ligadas a su desempeño o a las falsedades pronunciadas o al vitíligo, sino a los hechos con los cuales se ha marcado el sexenio del mexiquense.

Si menos del 10 por ciento de mandatarios estatales siendo los mejores no alcanzan a pasar de “panzazo” y llegar por lo menos a un 6 en calificaciones del uno al diez, se explica con mucho mayor amplitud el porqué de la situación actual del país. La corrupción, los abusos, la mediocridad gubernamental esta dispersa en todo el territorio y ha hecho víctimas a más de 130 millones de mexicanos. Si a ello se agregan las encuestas sobre los mejores y los peores alcaldes o sobre los miembros de los Congresos locales o de los Tribunales de Justicia y las Fiscalías, encontramos un aspecto aterrados en donde no sólo la corrupción y la impunidad han hecho su nido y son causa de la crisis, sino también la incapacidad, la indolencia, las ambiciones a las cuales ahora llaman ejercicio político.

ANDANZAS CARIBEÑAS

 

Identificado como panista, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, todavía cuenta con una aprobación ciudadana del 42.6 por ciento, frente a un 51.5 por ciento de desaprobaciones y la indiferencia del 5.9 por ciento de la población. Como puede observarse, pese a encontrarse ya en el nivel de reprobado, todavía conserva un poco del respaldo que lo llevó al poder. Las razones del descenso logrado en un año y siete meses de mandato son muchas: el 55.4 por ciento reclama promesas no cumplidas y el 39.4 considera algunas si las ha cumplido.

Pese a la presunción de crear empleos, la expresada a nivel nacional auto ubicándose como la entidad número uno en creación de puestos de trabajo, la realidad demuestra es el 58.9 por ciento de la población quienes consideran la inexistencia de mejores empleos y solamente un 35.6 por ciento ha visto surgir algunos con salarios aceptables. No hay mayoría de salarios dignos y mucho menos en los cuales se reflejen los mandatos constitucionales o, por lo menos, se cuente con autoridades en donde puedan sentirse los trabajadores protegidos. La complicidad lograda con los sindicatos y los acuerdos con sus jerarquías nacionales han convertido en ejemplo de abuso, arbitrariedades e irregularidades las áreas de autoridad del sector. La mitad de los encuestados considera no se ha generado empleo formal.

El 55.6 por ciento considera no ha mejorado la confianza de los empresarios por invertir y existe un peligroso y creciente 9.7 por ciento que todavía no logran comprobar si hay vigencia del derecho para poder exponer sus capitales. Por lo que respecta a la corrupción, el campeonato en el gobierno del cambio está a punto de obtenerse al registrar un 66.7 por ciento de ciudadanos cuya consideración señala no ha disminuido, sino todo lo contrario. Los servicios de salud van en picada y alcanzan un 67.6 por ciento de desaprobación. Apenas un 34.6 por ciento considera se ha mejorado la entrega de apoyos a sectores vulnerables contra un 61.5 por ciento acusando total abandono. Ausente está la obra pública estatal, así lo considera un 60 por ciento de la población.

En materia de seguridad, se encuentra Quintana Roo, durante el mandato de Joaquín González, a punto de alcanzar el porcentaje de mayor inseguridad de todo el país, el cual se marca con un 79.8 por ciento. Ya cuenta con un 77.1 por ciento, apenas si el 18 por ciento considera se hace algún esfuerzo por atacar la inseguridad. Los datos presentados han sido difundidos en todas las entidades y se encuentran totalmente alejados de simpatías o antipatías de tipo personal o sobre los partidos políticos. A partir de ellos bien podrían empezar por modificar todo lo hecho de manera inconveniente hasta hoy y dedicar un tiempo mucho mayor a la responsabilidad asumida, dejando de lado los atractivos personales convertidos en adicción.

 

RECUPERAR SEGURIDAD SOCIAL

 

La próxima alternancia pone a Andrés Manuel López Obrador en el umbral de la historia. De cumplir las expectativas de la población y no defraudar a los electores como en su momento hizo el panista Vicente Fox, testificaremos los próximos años una revolución pacífica y un regreso al pacto social de la Constitución de 1917. En ese camino, resolver la tragedia resentida por los mexicanos es prioritario: en los últimos 25 años no mejoraron sus ingresos, lo cual los hundió en la pobreza y marcó a la miseria como su destino manifiesto hasta la muerte, pues el sistema de retiro vigente, pese a contar con billones de pesos, no otorga pensiones, no cumple con su propósito. De ahí la necesidad no sólo de un cambio de modelo económico, sino de un marco normativo de la Nación al servicio de la población y no de un pequeño grupo de familias extraordinariamente adineradas. Es urgente recuperar para el país el paradigma de la seguridad social.

De acuerdo con el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el último cuarto de siglo el ingreso de los hogares se estancó: el ingreso corriente por persona al mes en 1992 era de 3 mil 508 pesos –en términos reales-, prácticamente lo mismo reportado para 2016, cuando fueron 3 mil 628 pesos. Aún más, el acelerado aumento de los precios de hace un año “ha generado una pérdida en el poder adquisitivo, evidenciado en el crecimiento del porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores a la línea del bienestar mínimo”. Esta situación es más grave en entidades como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, los estados con el menor ingreso corriente mensual por persona en 2016: 1 mil 794 pesos en Chiapas; 2 mil 48 pesos en Oaxaca; y 2 mil 746 pesos en Guerrero, donde además los pobladores resiente una fuerte ola de violencia por el caciquismo y la actividad del narcotráfico.

En lo que va de este Siglo XXI,  el ingreso de los mexicanos, relacionado directamente con el ciclo económico y el marco normativo de la Nación, es decir, las leyes laborales y hacendarias, se ha mantenido prácticamente inalterado, pues la población de los tres deciles más altos concentró más del 60 por ciento del ingreso total entre 2000 y 2014, mientras 30 por ciento de la población de menores ingresos concentró menos de 10 por ciento del ingreso total en el mismo periodo. Aun en las entidades con mayores ingresos por persona, la población pasa penurias: Nuevo León, con 8 mil 238 pesos; Ciudad de México, con 6 mil 83; Baja California, con 5 mil 335; Baja California Sur, con 5 mil 182; Sonora, con 5 mil 99, y Quintana Roo, con 4 ml 844 pesos, según el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018.

MISERIA, DESTINO DE TRABAJADORES MEXICANOS

 

Como consecuencia de las políticas económicas, hacendarias y laborales aplicadas en las últimas tres décadas, las familias de los trabajadores mexicanos fueron condenados de por vida a la pobreza y a la muerte en la miseria. Un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirma la cruel realidad de las personas mayores en México. Después de toda una vida de trabajo, su destino al concluir su existencia es la miseria pues el sistema de retiro laboral del país “no otorga pensiones,  no cumple con su propósito esencial”, subraya David Kaplan, especialista senior de mercado laboral del BID.

El problema se origina desde la instauración de los gobiernos tecnócratas neoliberales en la década de los 80s del siglo pasado. Hasta antes de 1997, los cambios efectuados a la legislación sobre seguridad social respondían a fortalecer el núcleo de principios en el cual se asienta ésta: solidaridad, subsidiariedad, universalidad, integralidad e igualdad. Pero a finales de los 80s, en el contexto de la crisis económica y política, los gobiernos de la era neoliberal comenzaron a tomar una serie de medidas como: cancelación de programas públicos, privatización y desincorporación de empresas públicas, impulso a la desregulación, suspensión y recorte del gasto público, descentralización (primero desconcentración), y el impulso a la corresponsabilidad ciudadana en la gestión pública, como forma de enmascaramiento de la abdicación de las obligaciones sociales del Estado.

El esquema de seguridad social basado en la solidaridad intergeneracional se cambió al introducir criterios de mercado como condición para asignar los beneficios de los seguros sociales. Una medida en ese sentido fue la creación del llamado Sistema de Ahorro para el Retiro. Se introdujo la perspectiva del interés y la elección individual y se fue dejando lado la obligación estatal de asegurar el fortalecimiento de la seguridad social, sustituyéndola principalmente por políticas asistencialistas para los más desfavorecidos.  Así, las reformas a la seguridad social se orientaron a modificar las formas de financiamiento y en la relación aportación-beneficio, la elección individual y la rentabilidad incierta. La reforma de 1995 es considerada como la más importante del siglo XX por su viraje hacia la privatización de los fondos de pensiones.

Dicha orientación tuvieron las reformas a la Ley del Seguro Social de los años 1995 a 1997, así también de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de los años 2004 a 2005.  La Ley del IMSS en el año 1995 se reforma y entra en vigor en julio de 1997, la modificación se enfocó en la seguridad social, y el apartado del Sistema de Pensiones brinda a los servicios financieros nacionales y extranjeros el poder para administrar el ahorro obligatorio para el retiro de los trabajadores con baja rentabilidad; esta modificación se refleja en el Artículo 123 constitucional apartado B.

En 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el decreto que expide la Ley de la Pensión Universal, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de seguridad social para establecer el Seguro de Desempleo. Esa ley prevé que la pensión universal beneficiará a 66 por ciento de las personas de 65 años y más que actualmente carecen de pensión, la cual será de 580 pesos y subirá gradualmente hasta llegar a los mil 98 pesos… en 15 años. Asimismo, el Seguro de Desempleo se dará durante seis meses, y sólo se podrá acceder a él una vez cada cinco años. Sin embargo, esa ley se quedó estancada en el Senado de la República. El próximo gobierno federal y el Congreso de la Unión deberán retomar las iniciativas en materia del sistema de pensiones a fin de neutralizar la inconformidad social y reducir el costo fiscal para las finanzas del país.

PENSIONES INSUFICIENTES Y AUSENTES

 

Mientras tanto, los trabajadores mexicanos del sector privado quienes comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997 tendrán una pensión que será cubierta por el IMSS. Para tener este beneficio deben cotizar al menos 500 semanas y obtendrán alrededor de 70 por ciento del sueldo promedio de sus últimos cinco años laborados, de acuerdo con datos oficiales. En cambio, para quienes comenzaron a trabajar bajo el actual sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) su pensión será el resultado del ahorro logrado durante la vida laboral y, de acuerdo con cálculos oficiales, será de alrededor de 30 por ciento del sueldo promedio de los últimos cinco años.

Es evidente así que el actual sistema de pensiones en México no cumple su propósito. El objetivo de un sistema de pensiones, subraya Kaplan, no es generar un ahorro forzoso que termina con la devolución de esos recursos –más su rendimiento- cuando un trabajador llega a 65 años. “Eso no es una pensión; el propósito de un sistema de este tipo  es entregar pensiones y si México no actúa pronto, el procedimiento que ya ahora no opera muy bien, va a  funcionar peor”. En el país deben ponerse en práctica políticas que hagan posible no sólo que los trabajadores reciban sus pensiones, tanto aquellos que están en el modelo contributivo (IMSS), como no contributivo (Afore), “sino que se asegure que sean vitalicias, un pago mensual, de eso se trata un sistema de pensiones, no de devolver los recursos, que ese es el destino de la mayoría de jóvenes que comenzaron a cotizar en una cuenta de Afore”.

Kaplan también llama la atención sobre el monto a recibir, sobre todo para aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar bajo el sistema de las Afore y explica: la mayoría de quienes lleguen a pensionarse se van a quedar con el pago mínimo garantizado, que es  un poco más de un salario mínimo. Pero la situación es todavía más grave porque actualmente sólo tres de cada 10 adultos mayores tienen una pensión, que acumularon a partir de sus aportaciones al IMSS, antes de que fuera reformada la ley. Ellos tuvieron que acumular 500 semanas de cotización para gozar de ese derecho. En cambio, los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del primero de julio de 1997, bajo la modalidad de las Afore, van a tener que aportar durante mil 250 semanas para tener una pensión. De esta forma, la cifra de que hoy tres de cada 10 adultos tienen una pensión contributiva, va a bajar”, advirtió. Otro caso extremo es que hay 2.3 millones de trabajadores domésticos, la mayoría mujeres, que ni siquiera tienen derecho a la seguridad social.

LA MITAD DE LOS NIÑOS VIVEN EN POBREZA: UNICEF

 

En México, 21 millones de niños, es decir, el 50 por ciento, se encuentran en condición de pobreza; mientras ocho de cada 10  no logra los aprendizajes que demanda el nivel educativo que cursa, revela el Informe Anual 2017 del  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). De acuerdo al organismo de la ONU, 20 por ciento de los niños de 0 a 5 años no tienen un desarrollo adecuado; 33.2 por ciento de los niños tienen obesidad, y 6 de cada 10 de los menores de 1 a 14 años ha experimentado métodos de disciplina violentos. En nuestro país, 12 millones de niños de entre 0 y 5 años de edad tienen el “menor nivel de desarrollo humano entre la población infantil”, a pesar de que es una etapa fundamental para garantizar el desarrollo pleno de las personas.

Los niños y adolescentes en México no tienen garantizados derechos básicos, como la alimentación, pues dos de cada 10 menores de 5 años en zonas rurales presenta desnutrición crónica, condición que afecta en mayor medida a uno de cada cuatro que viven en hogares indígenas, de acuerdo con el informe de Unicef.

DE LOS PASILLOS

Más de 20 bancos presentaban problemas de lentitud o retraso en las transferencias bancarias al arrancar operaciones esta semana. Lorena Martínez, directora del sistema de pagos del Banco de México, confirmó que las operaciones, en lugar de efectuarse en segundos, demoraban entre 5 y hasta 10 minutos porque cambiaron a un sistema o modo alterno más seguro. La funcionaria señaló en entrevista radiofónica que hasta el momento “no se tiene el monto de los recursos que han sido extraídos del sistema bancario, frente a la versión de que ya asciende a 400 millones de pesos…

A nadie debería extrañar la intención de Andrés Manuel López Obrador de revertir la reforma política-laboral-administrativa en el sector educativo, totalmente lesiva a los derechos del magisterio, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”, reiteró al dar a conocer, este fin de semana, los 10 compromisos básicos con la educación y con el magisterio en Guelatao, Oaxaca…Tales son: 1.- Fortalecer la educación pública bajo la premisa de que no es un privilegio, sino un derecho del pueblo; 2.- Todas las escuelas de educación básica de zonas marginadas del país contarán con alimentación; 3.- Todos los estudiantes de nivel medio superior se les otorgarán una beca mensual con la finalidad de evitar la deserción; 4.- Mientras que los estudiantes de nivel superior de escasos recursos contarán con un apoyo de 2 mil 400 pesos mensuales. No habrá ningún rechazado de universidades públicas; 5.- Será prioritario fortalecer las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar y mejorar la calidad de la educación; 6.- Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa y en su lugar se hará uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional; 7.- Elaborará con maestros, padres de familia y expertos, un plan educativo que mejore la calidad de la enseñanza; 8.- Se respetará la independencia y autonomía del magisterio; 9.- Se retomará la propuesta en educación de cada entidad, y se impulsará la educación indígena con pleno respeto a sus formas de organización; 10.- Se suspenderán las cuotas que pagan las familias para el mantenimiento de las escuelas. Se invertirán recursos públicos para infraestructura educativa y se hará realidad el internet público gratuito en todo el país…

Por cierto, es realmente ofensivo el gasto en imagen para promover la reforma educativa realizado por Aurelio Nuño, ex titular de la SEP y ahora coordinador de la campaña presidencial del PRI: el año pasado gastó mil 963 millones de pesos en Comunicación Social, de acuerdo con la Cuenta Pública 2017. Aunque el Congreso de la Unión sólo le aprobó una partida para ese efecto de 70.6 millones de pesos, realizó un sobreejercicio de 2 mil 680 por ciento. El gasto en este rubro ascendió a 5.3 millones de pesos al día en propaganda del nuevo modelo educativo, derivado de la reforma en el sector.

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