“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“Hasta la fecha, la muerte es lo más seguro

que la vida haya inventado”: Emil Cioran

  • “Cambio sideral”, en busca de la verdad
  • Ayotzinapa: viraje con el gobierno de AMLO
  • FC y EPN, campeones sembrando cadáveres

Con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve un “cambio sideral” de la postura de la administración federal con respecto a la búsqueda de la verdad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH  encargado del caso Ayotzinapa y relator para los derechos de los migrantes, aseguró: “estoy absolutamente convencido de que si hay un cambio de actitud”.

El decreto de creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos demuestra la “voluntad absolutamente indeclinable” del gobierno de López Obrador, consideró el magistrado sudamericano. El mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH en su informe final, hace un mes, concluyó que la investigación había sido “fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa”, y urgió a determinar la participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes.

Sin duda alguna, muy buena señal para el país es el reconocimiento del nuevo gobierno a la crisis por la cual se atraviesa en materia de garantías fundamentales, incluido el tema de las más de 37 mil desapariciones, y se comprometa en foros internacionales a resolver la problemática. En el 170 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, admitió el miércoles México atraviesa por una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y reiteró el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de encararla en muchos ámbitos de la vida nacional.

La pasada administración de Enrique Peña Nieto apostó por la simulación y nunca se decidió realmente a resolver dicha problemática. Por el contrario, se ocupó de ocultar la situación hasta donde le fue posible a los organismos internacionales de derechos humanos y paso por alto sus recomendaciones. Pero ahora, en un viraje radical de postura, Encinas afirmó el nuevo gobierno de México estará abierto al escrutinio internacional y fortalecer las relaciones con la CIDH. El funcionario escuchó la presentación de los casos de desaparición forzada por elementos de la Marina en Nuevo Laredo y solicitó a la CIDH establecer un mecanismo de seguimiento para atender y resolver. Aseveró la nueva administración actuará para buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, independientemente si se trata de actores particulares o de agentes del Estado. “Para fortalecer las instituciones se tiene que acabar con la impunidad”, subrayó.

El problema de las desapariciones en México es sumamente grave, pues alcanzan, según datos oficiales, las 38 mil en todo el país; además, se han descubierto más de 2 mil fosas clandestinas en los últimos 12 años, y en mil 100 de éstas no se han realizado los procesos de exhumación correspondientes para identificar a las víctimas debido a la falta de capacidad institucional, entre otras problemáticas.

Las nueva posición de las autoridades mexicanas fue reconocida por los comisionados de la CIDH, encabezados por la presidenta de esa instancia, Margarette Macaulay, quien señaló: “es una muestra de voluntad política y da esperanza a futuro. Ojalá otros estados copien este ejemplo”.

Al presentar su caso, Jéssica Molina, esposa de una de las víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo; Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; y Karla Quintana Osuna, integrante del equipo de asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del gobierno federal, señalaron las cifras sobre desapariciones en esta zona oscilan entre 37 y 51 casos. Advirtieron se tienen evidencias contundentes (testimonios  documentales y audiovisuales) que muestran los responsables son elementos de la Marina.

 

SUPERA PEÑA NIETO A CALDERÓN

El sexenio de Enrique Peña Nieto superó la cantidad de asesinatos registrados en el de Felipe Calderón. El fracaso del priísta en la materia se suma a la falta de combate y complicidad con el narcotráfico de los gobiernos locales. Del primero de diciembre de 2012, día en que EPN tomó posesión como Presidente de la República, al 31 de octubre de 2018 –a un mes de concluir su mandato-, en el país se han registrado 150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado, de acuerdo a un recuento del semanario Zeta.

Año tras año los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración del mexiquense. En diciembre de 2012, ya en funciones el gobierno de EPN, se registraron mil 999 ejecutados; en 2013 se documentaron 23 mil 063; en 2014 hubo un pequeño descenso a 20 mil 010; en 2015 hubo 20 mil 762; en 2016 las víctimas de homicidios se elevaron a 24 mil 559; y en 2017 la cifra llegó a abatir cualquier registro de los últimos años con 32 mil 79 víctimas de homicidios dolosos. Y del primero de enero de 2018 al 31 de octubre se han registrado oficialmente 28 mil 520 homicidios dolosos. La suma llega a los 150 mil 992 ejecutados hasta octubre de este año.

En  el sexenio de Felipe Calderón la suma de muertes violentas llegó a 121 mil 35. Así, EPN, con esa cifra preliminar de homicidios, tiene más de 29 mil 957 ejecuciones en comparación con el periodo de su antecesor.

La estrategia de EPN en materia de combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente. Las capturas de líderes criminales sólo sirvieron para acentuar más las muertes en el país. Además, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados.

Los gobiernos locales se encuadran en el centro del problema. No hay instituciones locales para enfrentar el reto de la inseguridad. Los delincuentes tienen sus pugnas por territorios sin una autoridad que les pueda poner freno. Esto es evidente en estados como Baja California o Guanajuato, en donde a pesar de tener entre 13 y 11 millones de habitantes, respectivamente, en comparación con el Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018.

 

DE LOS PASILLOS

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, urgió a los tres niveles de gobierno y a las entidades de la República a coordinarse en materia de seguridad, “porque si no, cómo vamos a poder realmente combatir al crimen”. Durante la toma de protesta de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, advirtió: la situación en materia de seguridad resentida en el país no puede continuar como hasta ahora, por lo cual llamó a avanzar en el Plan de Pacificación propuesto por Andrés Manuel López Obrador…

Un nuevo amparo le fue otorgado a Emilio Lozoya al solicitar definan las autoridades electorales si el delito por el cual se le acusa, relacionado con Odebrecht, ya prescribió y, con ello, nada queda por perseguir… Gran indignación en el pueblo veracruzano ha despertado la liberación de 3 funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Los gobernadores tienen frente a sí los cuestionamientos ciudadanos en temas como este y en lo relacionado con el endeudamiento chiapaneco y la salida tan campante de Manuel Velazco quien se integrará a sus labores senatoriales…

Les hicieron las sumas a los diputados federales: 46 mil pesos de aguinaldo; 38 mil para atención ciudadana de fin de año más 28 mil más de apoyo para el mismo renglón; 74 mil de dieta mensual y 45 mil para asistencia legislativa para alcanzar los 233 mil pesos para una nada despreciable y blanca navidad.

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