“Estado de los ESTADOS”, por Lilia Arellano

“La justicia es la verdad en acción”: Joseph Joubert.

  • Lozoya en la mira de AMLO
  • Odebrecht: detienen al expresidente de Perú
  • Interrogan a testigos y acumulan más pruebas
  • Incertidumbre, inseguridad y corrupción pegan al crecimiento

Ciudad de México, 10 de abril de 2019.- Habrá de borrarse la creencia sobre la existencia de una amnistía a miembros del gabinete e incluso a EPN, otorgada por AMLO, y no dejar de lado las afirmaciones surgidas en plena campaña presidencial sobre la entrega, apoyos económicos provenientes de firmas extranjeras, lo cual abriría el camino para eliminar al PRI de las boletas electorales e inclusive y de inmediato perder el registro. En el presente y si bien prevalece en el dominio público la brasileña Odebrecht, está vigente la investigación sobre la española OHL y su participación directa a través del gobierno mexiquense con aportaciones para campañas de candidatos tricolores y verdes.

De ahí surge la necesidad del titular del Ejecutivo Federal para confirmar que está en pie la lucha contra la corrupción y la impunidad y éstas van más allá de las palabras o de la persecución de funcionarios menores, los cuales en el mejor de los casos se les cita a declarar y luego consiguen su libertad sin problemas. Un caso relevante le será de gran utilidad al tabasqueño: Odebrecht, el cual es un escándalo internacional y no ha tenido consecuencias penales en el país, aunque implicó delincuencia electoral, involucró actos de corrupción relacionados con el sector energético y la investigación fue frenada desde Los Pinos para asegurar impunidad. Todo parece indicar que los días de libertad de Emilio Lozoya están contados.

Dentro de las investigaciones de este caso, en Perú, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días del ex presidente Pedro Pablo Kuczynnski y el allanamiento de varios de sus inmuebles, mientras se le investiga por lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht, señala un comunicado del Poder Judicial. Kuczynski asumió la presidencia en julio de 2016 pero renunció en marzo del año pasado tras conocerse videos que mostraron una supuesta compra de votos para evitar que el Congreso lo destituyera, luego de acusaciones de haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña.

En cambio en México, hasta el momento, predomina la impunidad al igual que en Venezuela, mientras en el resto de países latinoamericanos el caso ha derivado en consecuencias penales para muy altos funcionarios y políticos, incluidos presidentes y ex presidentes. Recientemente, autoridades de México y Brasil interrogaron a nuevos testigos quienes se encuentran directamente relacionados con las presuntas transferencias millonarias a Emilio Lozoya. En cumplimiento a una solicitud de asistencia jurídica, el 22 de marzo pasado, funcionarios de la Fiscalía General de la República interrogaron en Sao Paulo, Brasil, a cinco ejecutivos y administradores del gigante constructor brasileño:

Ángela Palmeria Ferreira, contadora de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa, área que era conocida como “el departamento del soborno de Odebrecht”, quien está identificada por la justicia brasileña como la responsable de programar los depósitos bancarios a varios políticos y funcionarios latinoamericanos que presumiblemente favorecieron con contratos a esa empresa; otro testimonio es el de Olivio Rodríguez Junior, quien presumiblemente utilizaba Odebrecht para financiar campañas políticas en el subcontinente. “Gigolino”, nombre clave de Rodríguez en los depósitos bancarios, ha sido identificado en las indagatorias como el probable responsable de operar en 2012 los depósitos por 4 millones de dólares a las cuentas off shore de Zecapan SA y Latin America Asia Capital Holding Ltd., presuntamente relacionadas con Lozoya.

Luis Eduardo da Rocha Soares, empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas, es otro personaje interrogado por las autoridades de México y Brasil. Es señalado como el responsable de la ingeniería financiera empleada por Odebrecht desde el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, para el pago de millonarias “mordidas”. Asimismo, Fernando Migliaccio da Silva, el subjefe del “departamento de sobornos” y ex administrador de las empresas off shore en Panamá empleadas para el pago de sobornos. Está presuntamente relacionado con el pago de un soborno por 383 mil dólares por el contrato de la presa Francisco J . Mújica en Michoacán.

Esta lista la completa Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola. En 2017, este ejecutivo confesó ante la Procuraduría de Brasil haber sido el responsable de autorizar los pagos de sobornos a Emilio Lozoya desde el 2012. Los testimonios podrían implicar a más personas en el Caso Odebrecht y no sólo a Lozoya.

Marcelo Odebrecht, el mandamás de esa firma y quien muriera en 2014, declaró que Emilio Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares mediante los cuales Pemex le otorgaría al ente industrial brasileño cuatro contratos. Esos recursos ilícitos fueron presuntamente destinados a campañas electorales del PRI. Tras esas afirmaciones, en febrero de 2017 inició en México una investigación ministerial por cohecho, dirigida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien les proporcionó los datos sobre Lozoya y sus empresas: cómo estaban constituidas, referencias fiscales e información de carácter financiero.

La investigación contó con la colaboración del SAT, de la Secretaría del Trabajo y del INE. Mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) conocieron el número de contratos que Pemex tenía con Odebrecht, se localizaron 42. Cuando iba a iniciar el proceso contra Lozoya, en octubre de 2017, Raúl Cervantes,  procurador General de la República, renunció a su cargo. Su sucesor, Alberto Elías Beltrán, despidió, de manera ilegal, a Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien había estado al frente de la indagatoria.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se apostó al “carpetazo” del caso Lozoya-Odebrecht y al olvido, como muchos otros. Sin embargo, con un nuevo presidente no priísta, Andrés Manuel López Obrador, el caso sigue vigente, aunque los delitos electorales hayan prescrito, pues esto no ha sucedido con los cargos de cohecho. A Emilio Lozoya también se le puede investigar y juzgar por el rescate de Pemex a Fertinal, operado por él mismo y el cual generó pérdidas al Estado por más de 2 mil 800 millones de pesos.

La administración de Carlos Salinas de Gortari privatizó, en 1992, 13 unidades de Fertimex, que producían más de 3 millones de toneladas de agroquímicos nitrogenados, como amónico, de los cuales México era exportador.  Como empresa privada y bajo el nombre de Fertinal, fue adquirida por Pemex en enero de 2016 por un monto de 3 mil 826.3 millones de pesos a precios actuales y en condiciones de quiebra técnica, según la Auditoría Superior de la Federación. Y en julio de ese año, bajo la dirección general de Emilio Lozoya, Pemex decidió inyectar a esa empresa rebautizada como Fertinal 120 millones de pesos para salvarla de la quiebra. Con esos recursos, Fertinal tuvo capacidad para cubrir el servicio de la deuda de reestructura.  

DE LOS PASILLOS

La “incertidumbre” de inversionistas respecto a la política interna, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, son los riesgos que pueden afectar el crecimiento de la economía, alertó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, al comparecer ante integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Agregó que de acuerdo a una encuesta del Banco de México a analistas y directivos empresariales, éstos refirieron también los riesgos sobre la plataforma de producción petrolera y la ausencia de cambio estructural…

Cientos de docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon del Monumento a la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la abrogación inmediata de la reforma educativa de 2013 y  un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.  “!Aquí y ahora, con la Coordinadora, aquí y ahora con la Coordinadora!” y “!De Chiapas a Sonora con la Coordinadora”, corearon los inconformes en su travesía por Paseo de la Reforma. En el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el magisterio disidente también se manifestó en las capitales de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

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