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Estado salvadoreño entregará osamentas de 6 personas asesinadas por Ejército

San Salvador, 22 ene. (EFE).- El Instituto de Medicina Legal de El Salvador entregará el jueves las osamentas de seis personas, incluido un niño, asesinadas por el Ejército durante la masacre conocida de El Calabozo (1982), informó a Efe una fuente cercana al proceso.

Se trata de los restos de un niño, tres mujeres adolescentes, una mujer adulta y un hombre adulto, señaló la organización humanitaria Cristosal.

Estas personas, a excepción de una de las adolescentes, formaban parte de una misma familia que fue ejecutada por militares en la localidad de Santa Clara, ubicada en el oriental departamento de San Vicente.

Los restos fueron exhumados a finales de octubre de 2018 bajo la supervisión de Silvana Turner, experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con el acompañamiento del titular del Juzgado de Primera Instancia de la localidad de San Sebastián, Joaquín Padilla.

Durante las exhumaciones, Padilla explicó a la prensa que el proceso, reabierto por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2017, se encuentra en una “etapa incipiente” de recuperación de pruebas y que faltaban diligencias y peritajes por realizar.

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de 2016 de la referida sala dio pie a la reapertura del proceso.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un “vasto operativo militar antiguerrillero” con unos 6.000 hombres que terminó con la masacre de 200 civiles en el lugar conocido como El Calabozo.

De acuerdo con expertos, la intervención militar en esta zona del país fue mayor a la realizada durante la masacre de El Mozote en 1981, donde fueron ejecutadas unos 1.000 civiles desarmados.

“Las tropas iban encontrando familias y los exterminaban en el lugar donde los encontraban, los forzaban a agruparse y los fusilaban” a lo largo del río Amatitán, relató en 2018 David Morales, miembro de Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos.

Señaló que un familiar de las víctimas llegó hasta el lugar y localizó los restos por la descripción del sitio que le dio un pariente que sobrevivió y que los militares “dieron por muerto”.

Esta persona sepultó los cuerpos de sus familiares, que “los animales de rapiña habían dispersado” y dañado, 15 días después de la masacre en una fosa.

“Es una de las pocas fosas que se estarían preservando de esta masacre, porque el operativo fue de tal dimensión y crueldad contra la población civil y se mantuvo a las tropas con una presencia prolongada para impedir que familiares retornaran para enterrar a las víctimas”, acotó Morales. EFE

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