martes, diciembre 7, 2021
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Expertos observan peligro de privatización del Seguro Social de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 22 oct (EFE).- Un panel de expertos en previsión social, medicina y economía advirtieron en un foro este viernes del peligro creciente que acecha al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por intentos de privatización y debilitamiento de la entidad en los últimos años.

El foro, organizado por la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI) convocó a la médica cirujana y abogada y notaria Maritza España, con casi 30 años de trabajo en el IGSS; al exministro de Trabajo y Previsión Social (1998-2000) Luis Linares y al economista Édgar Balsells, exrepresentante ante el IGSS del Consejo Superior Universitario de la estatal Universidad San Carlos.

Los tres coincidieron en la creciente demanda del sector privado por debilitar el IGSS con diversas “maniobras”, como la contratación de personal por contratos temporales y honorarios, sin prestaciones, así como un ahogamiento financiero con impagos o pocas inscripciones de trabajadores permanentes.

El Estado, subrayaron, también hace parte de estos “vicios”, con la contratación sin prestaciones de ley o la falta de contribuciones y pagos de deuda al Seguro Social en varias entidades, como el propio Ejecutivo o Municipalidades.

Incluso el propio IGSS ha comenzado a contratar personal transitorio y no permanente, debido al debilitamiento económico que padece la entidad fundada en 1946 por el entonces presidente, Juan José Arévalo, sentenciaron los especialistas.

“Se ha debilitado el IGSS por la inversión, equipamiento, infraestructura, recurso humano, tecnología y demás elementos que no se han dado en la forma en que se deben de dar. Eso ha hecho que la atención del instituto no sea la adecuada para la demanda de los servicios”, esgrimió España.

Linares aseguró, por su parte, que el Estado “se ha despreocupado en la seguridad social” e incluso ha habido “un saqueo del IGSS. No hay vigilancia efectiva en la afiliación de quienes deben hacerlo. La informalidad se ha vuelto un pretexto”.

Pero también Linares dice que existe peligro en la posible “privatización en los servicios de salud que brinda” el Seguro Social.

“Hace algunos años se decía: ‘desmonopolicemos el IGSS’, bajo la premisa de dar libertad al trabajador para seleccionar si quiere un seguro público o uno privado, cuando en realidad se busca quitar del IGSS a los trabajadores de un mayor nivel de contribución, lo que empobrecería el servicio, uno más pobre para pobres”, aseveró.

MILES EN LA INFORMALIDAD

Para el economista Edgar Balsells, lo que hace falta es un Ministerio de Trabajo y Previsión Social sólido, con enfoque humano y, principalmente, “hace falta una sociedad civil que conozca el Seguro Social, que empuje, que presione en estos temas”.

En Guatemala, un país con 16,3 millones de habitantes, casi el 70 por ciento de la población económicamente activa lo hace en la informalidad, por lo que no tiene acceso al Seguro Social.

Según información oficial, el IGSS contaba en 2020 con 1,28 millones de afiliados cotizantes, con una variación de menos del 4,5 % en relación al anterior, 2019.

El 65,9 % de los afiliados son hombres y el resto, mujeres, según el informe de situación de la entidad del año pasado.

Solo el Estado adeuda más de 598.6 millones de dólares al IGSS en todos los renglones, como los programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes y de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. EFE

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