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Expone CNDH situación penitenciaria a nivel nacional

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria 2021, como resultado de las actividades de supervisión que este Organismo Nacional llevó a cabo durante el año pasado, en 250 de los 287 establecimientos penitenciarios que operan en nuestro país y que son administrados por autoridades estatales, militares y federales.

La directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, indicó que se evaluaron aspectos como las condiciones de internamiento, capacidad de alojamiento y población existente, los servicios para la atención y el mantenimiento de la salud de los internos, las medidas de supervisión interna para la seguridad, capacidad y calidad de instalaciones, condiciones materiales y de higiene, así como la implementación de políticas de reinserción.

Señaló que los recorridos a los centros penitenciarios han permitido emprender acciones correctivas, y se ha logrado detectar y documentar violaciones a derechos humanos que han derivado en integración de expedientes y recomendaciones emitidas por parte de la propia CNDH, utilizando así el diagnóstico como un instrumento para la defensa de los derechos humanos.

El informe arroja que al 31 de diciembre de 2021 había en todo el país 222 mil 369 personas privadas de la libertad, de las cuales se tuvo la oportunidad de conocer las condiciones de vida de 186 mil 238, lo que representa más del 83% del total de la población penitenciaria. Se identificó que, de toda la población distribuida en los centros verificados, 63 mil 768 personas pertenecían a uno o varios grupos de atención prioritaria, es decir, que el 34% de las personas tiene requerimientos de atención específicos.

Se observó que en los centros penitenciarios de Hidalgo, Puebla y Zacatecas prevalece un generalizado abandono institucional, que se refleja en las condiciones físicas de la infraestructura, en la falta de personal y deficiente capacitación del que hay disponible; en los deficientes servicios básicos, que no garantizan la calidad de vida de las personas ahí recluidas.

Respecto a los Centros Federales de Readaptación Social, los centros número 7 en Durango y 11 en Sonora obtuvieron calificaciones generales menores a 7; mientras que los centros número 15 en Chiapas, 18 en Coahuila, 14 en Durango, 1 del Altiplano, 17 de Michoacán, 13 de Oaxaca y 5 del Oriente de Veracruz, obtuvieron calificaciones menores a 8. El diagnóstico señala como áreas de oportunidad que deben atenderse y con mayor incidencia, las relacionadas con: deficiencias en la atención a personas adultas mayores; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficientes vías de remisión de quejas de probables violaciones a derechos; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; insuficiencia o inexistencia de actividades educativas y; deficiencias en la prestación de servicios de salud, cuya mención ocupa el primer lugar en quejas por violación de derechos.

El diagnostico evalúa que el sistema penitenciario federal tiene una calificación promedio a nivel nacional de 7.58; mientras que el sistema penitenciario estatal, alcanza un promedio general nacional de 6.20, y en el caso de las prisiones militares, su promedio general nacional es de 8.69.

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