Familiares de violadores DD.HH. protestan por cierre penal Punta Peuco en Chile

Santiago de Chile, 7 jul (EFE).- Unas 15 personas protestaron en los alrededores de la Escuela Militar de Santiago, por el eventual cierre del penal Punta Peuco, donde casi un centenar de personas purgan condena por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Algunos familiares de los detenidos en Punta Peuco, y otros adherentes al régimen militar, llevaron pancartas y gritaron consignas en contra del cierre de esa cárcel, una promesa que espera cumplir la presidenta Michelle Bachelet antes de que acabe su gobierno en marzo del 2018.

En la noche del jueves, la mandataria sostuvo en declaraciones a CNN Chile, que cerraría el penal de Punta Peuco.

“Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacerlo”, enfatizó Bachelet.

También indicó que si bien los indultos ya no pasaban por ella, ya que ahora corresponden al Ministerio de Justicia, cree que es importante que los familiares de las víctimas de la dictadura puedan decir “sabemos lo que pasó con nuestro familiares, podemos descansar en paz”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena pizarro, dijo a los periodistas que el cierre del penal Punta Peuco está al alcance de la mandataria, porque es privativo de su mandato y de su condición de presidenta de la república, de redestinar a los genocidas que hoy día cumplen condena en ese lugar a cárceles comunes.

Punta Peuco es una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construida en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago y es definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel “cinco estrellas”, con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.

La presidenta de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, calificó las declaraciones de la presidenta Bachelet como una “cortina de humo” para desviar la atención de los sucedido en el Congreso respecto del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Van Rysselberghe se refería al rechazo del informe elaborado por una comisión parlamentaria que investigó las muertes en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, que provocó una agria polémica entre la oposición y los partidos que apoyan al Gobierno.

Según datos oficiales dados a conocer en octubre del pasado año, en el Servicio Nacional de Menores, organismo que depende del Ministerio de Justicia, se produjeron un total 865 muertes de niños en un periodo de once años.

La revelación de esta cifra provocó una gran conmoción política y social, por lo el Parlamento impulsó dos investigaciones, la última de las cuales se zanjó a comienzos de esta semana.

Los partidos de la oposición conservadora demandaban en las conclusiones la renuncia la que fue ministra de Justicia Javiera Blanco, quien actualmente se desempeña como miembro del Consejo de Defensa del Estado.

La ministra portavoz de Gobierno, Paula Narváez, respondió a la timonel de la UDI, al señalar que este es un tema “tremendamente sensible” y quienes hacen esa lecturas, han estado siempre al lado de los defienden a los violadores de los derechos humanos.

Sobre los indultos solicitados, la ministra dijo que es fundamental de quienes han violado los derechos humanos “exista un arrepentimiento verdadero”.

“Son ese tiempo de consideraciones las que se tienen a la vista para cumplir justamente con nuestra normativa”, concluyó.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, que también intervino hoy en el debate sobre el cierre de Punta Peuco, recalcó que, pese a que es un compromiso del que está al tanto, no existe aún un protocolo oficial y aseguró “que no es un tema sencillo” de solucionar. EFE