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FARC lleva al Congreso colombiano asesinato de militantes y líderes sociales

Bogotá, 27 may (EFE).- La indignación por el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de las FARC llegó este lunes al Congreso colombiano en un debate de control político al Gobierno citado por el partido que surgió de la antigua guerrilla tras la firma del acuerdo de paz en 2016.

Al primer debate del partido FARC en su año de estreno en la política asistieron la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, el alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, y funcionarios de la Fiscalía.

El senador Julián Gallo, conocido en su época de guerrillero como “Carlos Antonio Lozada”, promotor del debate, llevado a cabo en la Comisión Primera de la Cámara Alta, dijo que la acción de fuerzas oscuras se ha cobrado la vida de 133 reincorporados de las FARC entre 2016 y lo que va de este año.

Según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2017 fueron asesinados 43 desmovilizados, 75 en 2018 y 13 en lo que va de este año.

A pesar de los crímenes a cuenta gotas de líderes sociales y de exguerrilleros, el Gobierno colombiano insiste en que no se trata de algo sistemático y que dichos asesinatos tienen como causa distintos factores, que van desde disputas de tierras hasta problemas personales.

Gallo, que se remitió al informe de Indepaz, agregó en su exposición que entre enero de 2016 y abril de este año han sido asesinados en el país 681 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“Si el Estado no es capaz de garantizarle la vida a todos sus ciudadanos, es un Estado ilegítimo, pues del derecho a la vida se desprenden los demás derechos”, dijo el senador al pedir en tono vehemente al Gobierno y a las instituciones judiciales que no solo establezcan la autoría de los asesinatos sino también de quienes los encomiendan.

Insistió en que a la luz de las cifras, el Gobierno colombiano no solo ha desatendido los compromisos que se derivan del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 sino que los miembros del partido FARC y los defensores de derechos humanos han sido estigmatizados por funcionarios estatales, que son quienes deben velar porque haya justicia.

El senador, que estuvo casi 30 años en las filas de las FARC, aseguró que resulta preocupante que el actual Gobierno haya “frenado o reemplazado” la implementación de los mecanismos que estipula el acuerdo para la protección de líderes y defensores de derechos humanos.

“El tiempo se pasa sin que el Gobierno implemente” lo acordado, dijo Gallo, quien añadió que desafortunadamente eso lo tienen que medir “en cifras de muertos, de sangre”.

En esa dirección criticó al exfiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de “entorpecer”, “mutilar”, la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, dirigida por la abogada Martha Mancera.

Al respecto, la funcionaria salió en defensa de las actuaciones de la Fiscalía y dijo que gracias a ese trabajo se ha podido esclarecer el asesinato de 67 excombatientes de las FARC, lo que representa un 59,75 % de los casos, según los datos que constan en ese organismo.

Mancera precisó que además de las investigaciones por los asesinatos, la Fiscalía avanza en otras relacionadas con tentativas de homicidio y desapariciones forzadas.

En cuanto a los familiares de exguerrilleros que han sido víctimas de la violencia posterior al acuerdo de paz, aseveró que se tiene registro de 34 casos, de los cuales se han esclarecido 18.

Por su parte el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, se refirió al “robusto plan” del Gobierno para garantizar la protección de los campesinos y líderes comprometidos en los programas de sustitución de cultivos de coca.

Ese plan incluye mejoras en los esquemas de seguridad, que están a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio de Interior, y que, según el funcionario, tienen en cuenta las características de los territorios para hacer más efectivas las medidas.

En esos esfuerzos están comprometidos además los ministerios de Justicia y Defensa, así como el Ejército, la Policía, la Armada, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales.

“Como resultado tenemos algunas adecuaciones al plan de seguridad: talleres de autoprotección, redes de apoyo para la reacción en el momento de una situación, mecanismos de comunicación, reservar la vocería de los líderes y hacer que los canales de denuncia no sean visibles”, especificó Archila. 

La preocupación por los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros de las FARC ha sido notificada al presidente colombiano, Iván Duque, por la ONU, la Unión Europea y otros organismos internacionales que han advertido del daño que esos crímenes pueden causar al acuerdo de paz. EFE

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