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Federación de municipios respalda objeción de Duque a ley de Justicia de Paz

Bogotá, 12 mar (EFE).- La Federación Colombiana de Municipios le expresó este martes su apoyo al presidente Iván Duque por objetar seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del acuerdo firmado con las FARC.

“Hay quienes consideran que las objeciones recientemente presentadas por el Ejecutivo al diseño de la JEP son un retroceso. Nosotros queremos manifestarle que, por el contrario, estas son válidas y necesarias para que el proceso de paz colombiano llegue a un feliz término, incorporando el querer de la mayoría de la población”, indicó la entidad en una carta.

En la misiva, dirigida a Duque, la Federación aseguró que los colombianos no pueden negarse “a la oportunidad de pensar y repensar, cuantas veces sea necesario, cuáles son los mecanismos y la institucionalidad más adecuada” para sanar las heridas del conflicto armado.

El domingo pasado, Duque anunció que devolverá al Congreso de la República la ley estatutaria por considerar que los seis artículos objetados no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC en 2016.

La citada ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial.

A juicio de la Federación, la objeción de Duque permitirá “abrir nuevas oportunidades de diálogo entre quienes siempre han sido hermanos, entre compatriotas, en favor de una verdadera paz, sostenible en el largo plazo y fundada en la reivindicación de las comunidades locales”, por lo que se mostró dispuesta a hacer un “acompañamiento en la generación de estos necesarios espacios”.

Entre otros aspectos, las objeciones hechas por el mandatario buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, aclarar las competencias de la justicia ordinaria inclusive en los casos de extradición, y definir la atribución del Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes se acogen a la justicia transicional.

Igualmente pretenden garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra “en relación con quienes no son máximos responsables” para que no haya impunidad; la exclusión “de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes” de la justicia transicional, y la pérdida de beneficios de “quien reincida en las actividades criminales”. EFE

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