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Fiscalía de Guatemala exige al Congreso suspender desafuero a magistrados

Guatemala, 28 ene (EFE).- La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, exigió este lunes al Congreso que suspenda el antejuicio (proceso de desafuero) que realiza contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad y advirtió que de lo contrario podría proceder en su contra.

En un comunicado de prensa, Porras pidió a los integrantes de la comisión pesquisidora del Legislativo que se apeguen a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, siguiendo la instrucción del propio Constitucional que la semana pasada resolvió por unanimidad amparar a los tres magistrados que fueron denunciados por la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Esa denuncia fue interpuesta contra los magistrados constitucionales titulares Gloria Porras, Amílcar Boanerge y Francisco de Mata Vela y fue avalada por la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los vocales de la pesquisidora Raúl Romero (del partido Fuerza) y Leocadio Juracán (Convergencia) aseguraron en una conferencia de prensa que acatarán “la decisión de la Corte de Constitucionalidad” y aseguraron que “ha quedado ya en suspenso provisional las actividades de la comisión”.

Sin embargo, el secretario de la pesquisidora Boris España (independiente) indicó que el comunicado de Porras era “una opinión”.

La comisión pesquisidora es presidida por el diputado opositor Alberto Hernández Salguero (Unión del Cambio Nacional), quien canceló una comparecencia ante los medios este lunes para expresar su posición respecto de la decisión de la fiscal general.

Este lunes, la jefa del Ministerio Público instruyó a su personal a “iniciar las investigaciones respectivas” para que se determine si hubo comisión de hechos delictivos de los funcionarios que no acataron las diversas resoluciones del máximo tribunal.

En caso de haber incurrido en ilegalidades, Porras encomendó a sus fiscales “tomar las acciones necesarias para que se cumplan las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad”, el máximo tribunal del país, que amparó la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país hasta septiembre próximo, cuando vence su mandato.

El pasado 7 de enero, el presidente, Jimmy Morales, anunció el cese unilateral anticipado de la Comisión Internacional acusándola de haber “injerido” en asuntos internos; una decisión que el Constitucional contradijo con resoluciones a favor de amparos que frenaron su terminación a nueve meses del fin del convenio. ACAN-EFE