Gobierno argentino dice respetar a CIDH tanto como a provincia en caso Sala

Buenos Aires, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo hoy respetar tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como a la Justicia de la provincia de Jujuy por el caso de la activista Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 por presunta corrupción.

“No podemos inmiscuirnos más allá de trasmitir esta recomendación y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman. Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy”, dijo hoy el ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

La CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó este viernes una medida cautelar a la activista argentina Milagro Sala en la que pide al Gobierno de Mauricio Macri “medidas alternativas” a la prisión preventiva en la que está la también diputada del Parlamento del Mercosur.

El organismo sugirió el arresto domiciliario, o bien que Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.

En declaraciones a radio La Red, de Buenos Aires, Garavano dijo hoy que la resolución de la CIDH debe leerse como “una recomendación con una tónica humanitaria por las condiciones en las que los mismos comisionados que estuvieron en Jujuy encontraron a la propia Milagro Sala”.

El ministro explicó que las autoridades judiciales de Jujuy deberán ahora analizar el pedido de la CIDH y que en 15 días hábiles el Gobierno argentino “hará una devolución con base en las medidas que tomen los magistrados”.

Sala, integrante del opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista), está en prisión preventiva por presuntos delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita, y su detención es muy cuestionada por agrupaciones políticas de la oposición y organismos sociales y humanitarios en Argentina, que la consideran una presa política.

También por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la CIDH, de la que el pasado junio viajó hasta Jujuy una delegación para comprobar el estado en el que se encuentra la activista.

La investigación contra Sala apunta al presunto manejo irregular de fondos que con el fin de construir viviendas sociales concedió el Estado -durante el kirchnerismo (2003-2015)- a la Tupac Amaru, un movimiento entre cuyos objetivos se encuentra la construcción de infraestructuras para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina, considerada la más pobre del país. EFE