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Gobierno de Argentina impulsa entre protestas ley de responsabilidad juvenil

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Argentina presentó este martes un proyecto de ley para crear un sistema de responsabilidad penal juvenil que prevé sancionar a menores de entre 15 y 17 años por delitos graves, una iniciativa lanzada entre protestas contra la “criminalización de la infancia”.

“Este proyecto tiene un objetivo concreto, que es que haya menos delincuentes y no más presos”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una rueda de prensa ofrecida junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.

El proyecto, que será enviado por el Ejecutivo al Parlamento en marzo próximo, cuando se abra el período de sesiones, supone una bajada en la edad de imputabilidad penal, de los actuales 16 años a a 15.

La iniciativa prevé la creación de un sistema penal juvenil, con acciones diferenciadas para aquellos menores considerados inimputables -hasta los 14 años- y los que sí podrán ser considerados penalmente responsables.

En este último grupo, habrá dos escalas.

Los menores de 15 años sólo podrán ser penados por delitos graves, aquellos para los que las normas prevén condenas de 15 años de cárcel o más -como homicidio o robo con arma de fuego-, pero en el caso de los adolescentes no podrán recibir una condena superior a los 15 años de prisión.

En tanto, los jóvenes de 16 y 17 años podrán ser penados por delitos para los que las normas prevén condenas de dos años de cárcel o más.

Para los menores de 14 años que cometan un delito, el sistema estará orientado a dar contención mediante equipos interdisciplinarios para que esos niños “puedan tener una alternativa de vida mejor a una carrera sin fin hacia un delito cada vez más grave”, indicó Bullrich.

Garavano explicó que para los mayores de 15 las penas de prisión serán las sanciones más duras de una escala que parte con otras medidas, como programas de formación ciudadana y de capacitación laboral, prestación de servicios a la comunidad o la privación domiciliaria de la libertad.

“La ley prevé numerosos mecanismos previos para tratar que el caso no llegue a una condena. Y, en caso de condena, éstas cada determinado tiempo podrán ser revisadas en función de cómo el joven va avanzando en su reubicación social”, explicó el ministro.

Garavano resaltó que la ley busca ser “preventiva” y recordó que en Argentina, donde un 7 % de los homicidios son cometidos por menores de edad, se llegó a una situación “grave” porque los adolescentes “cada vez cometen delitos más grave porque no pasa nada”.

En este sentido, Bullrich dijo que el nuevo sistema busca que los menores de 14 años tomen conciencia de que tendrán que responder ante una conducta que generó “daños que hay que reparar” y que los mayores de 15 sepan que, “desde una perspectivas penal, pueden llegar a tener sanciones graves”.

Garavano dijo que la ley busca que los delitos no queden impunes, que los menores “no sigan por ese camino” delictivo, haya reparación a las víctimas y Argentina cumpla con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Bullrich calificó al proyecto como “muy humano” pues no sólo busca dar una salida a los jóvenes para que salgan del delito sino que además procura que las víctimas “tengan una respuesta”, “sea el menor imputable o no lo sea”.

La iniciativa fue presentada en la sede del Ministerio de Justicia, a cuyas puertas se organizó una protesta donde organizaciones sociales mostraron su rechazo a la iniciativa y su repudio a la “criminalización de la infancia”.

Consultado sobre la protesta, Garavano dijo que detrás de la manifestación “hay una cuestión política-ideológica, o no han leído el texto del proyecto o las dos cosas”.

Por su parte, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de Argentina denunció en una declaración “una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal” y “el reconocimiento pleno de los derechos y garantías” de los menores.

Ya en enero pasado, también desde la Iglesia católica habían cuestionado una eventual iniciativa de este tipo cuando un grupo de sacerdotes y religiosos denunció en un documento que bajar la edad de punibilidad “significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”. EFE

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