Gobierno de Brasil recurre decisión que suspendió subasta de Eletrobras

Río de Janeiro, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil apeló hoy la decisión de la justicia de suspender la subasta con la que privatizarían seis distribuidoras de la estatal Eletrobras, la mayor empresa de energía de América Latina, por decisión judicial.

La Abogacía General de la Unión (AGU) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) presentaron el recurso ante el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región (TRF-2).

Ello, tras la decisión de la jueza Maria do Carmo Freitas Ribeiro de suspender la subasta, sin plazo determinado, como respuesta a una acción presentada por la Asociación de Empleados de Eletrobras (AEEL).

La asociación solicitó a la justicia suspender el proceso licitatorio, en especial, la fase de entrega de documentos por los proponentes para habilitar el certamen.

En el recurso presentado, la AEEL señaló que aún no se había producido la deliberación final del poder legislativo para autorizar la venta de las distribuidoras, lo que representaba la nulidad del edicto.

El martes, la Cámara de Diputados concluyó la votación del texto base del proyecto que viabiliza la privatización de las distribuidoras de energía, pero aún debe continuar el proceso en el Senado y posteriormente seguir para sanción presidencial.

En el recurso entregado al TRF2, la AGU argumentó que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) reconoció recientemente la legalidad de la subasta.

Y señaló que el mantenimiento de las subsidiarias bajo control de Eletrobras pondrá en riesgo la continuidad del suministro de energía eléctrica en los seis estados donde actúan las distribuidoras.

Las distribuidoras cuya subasta estaba prevista para el 26 de julio son: Amazonas Energía, Boa Vista Energía, Cepisa, Ceal, Ceron y Eletroacre, responsables por abastecer de electricidad a los estados amazónicos de Amazonas, Roraima, Rondonia y Acre, así como los estados de Piauí y Alagoas, dos de los más pobres del noreste brasileño.

Por los cálculos de la AGU, el año pasado, las seis empresas acumularon un perjuicio de 4.500 millones de reales (unos 1.184,2 millones de dólares) y las operaciones son mantenidas por la Reserva Global de Reversión (RGR).

La AGU y el BNDES también señalaron en el recurso que si las distribuidoras no se venden, tendrán que ser liquidadas por Eletrobras, con lo que podría ocurrir un despido de funcionarios y un riesgo de discontinuidad en el suministro de energía a los estados. EFE