Gobierno de Guatemala acusa a Cicig de “estructura paralela” y clandestina

Agencia EFE

Guatemala, 6 sep (EFE).- La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, aseguró hoy que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ( Cicig) se convirtió en una “estructura paralela” como los aparatos clandestinos que estaba destinada a combatir y dijo que es necesario enmendar los “efectos nocivos” que ha causado.

“La Cicig se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores en una breve comparecencia ante los medios, de la que salió abucheada por no contestar a todas las preguntas.

La ministra de Relaciones Exteriores explicó que en el mandato de creación de la Cicig no estaba establecido que “vulnerara” la institucionalidad, la justicia, la paz o la seguridad del país, pero aseguró que “lamentablemente” eso ha pasado.

En su alocución, Jovel expuso varios casos paradigmáticos que no acabaron en sentencia condenatoria, un hecho que a su juicio sirve para ilustrar una “manipulación de la justicia” y una vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Además, señaló que el jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, se “extralimitó” en su mandato y se inmiscuyó en asuntos internos del país que no le competían, como llegar “al colmo” de influir en los diputados para aprobar enmiendas a la Constitución o a otras leyes ordinarias.

En su opinión, también se hizo un “abuso en la mediatización de los casos”, un hecho que llegó a “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”.

“Ante todos estos excesos -de los que según la ministra entregaron pruebas a la ONU- se decidió no prolongar el mandato de la Comisión e impedir el ingreso del señor Velásquez, dado que su presencia atenta contra el orden y la seguridad pública, y afecta a la gobernabilidad y la institucionalidad”.

El Gobierno de Guatemala y la Cicig mantienen una fuerte pugna que se hizo notoria desde que varios de los familiares del presidente, personas allegadas y él mismo aparecieron señaladas en algunas investigaciones, aunque el mandatario ha negado que estas decisiones obedezcan a intereses personales.

Por orden Presidencial, la Comisión concluirá su mandato en septiembre de 2019 y su jefe, el abogado colombiano, tiene denegado el acceso al país, pues lo consideran un peligro para la seguridad nacional. EFE