Gobierno de Guatemala niega estar usando una red de espionaje

La Prensa Libre

(Actualiza con versión de la Cicig en quinto párrafo)

Guatemala, 6 ago (EFE).- El ministro guatemalteco de Gobernación Enrique Degenhart, negó hoy la existencia de una red de espionaje usada por el Gobierno y aseguró que el sistema adquirido por la anterior administración está secuestrado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Las herramientas del sistema, de cuyo uso se hizo revelación hoy en un reportaje del medio local Nuestro Diario, fueron adquiridas por el Gobierno hace seis años -bajo el mandato de Otto Pérez Molina, ahora en prisión preventiva por casos de corrupción-, pero luego fueron “secuestradas a través de un procedimiento judicial”.

“No tenemos conocimiento sobre qué están haciendo con ellas. No las tenemos de vuelta”, dijo el ministro tras la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, y añadió que su uso es “a discreción de la administración que las secuestró”, descartando así cualquier responsabilidad de su cartera.

No obstante, insistió luego en que no quería dar a entender que la Fiscalía y la Cicig las estuvieran usando, pero agregó que los únicos que pueden dar una respuesta “son ellos” porque el Ministerio de Gobernación “no tiene esas herramientas”.

Ante estas declaraciones, el portavoz de la Cicig, Matías Ponce, dijo que ni la Comisión ni la Fiscalía “utilizan herramientas de espionaje no autorizadas ni de intromisión en redes sociales”.

El reportaje del medio local Nuestro Diario revela cómo el Gobierno creó con fondos públicos una red de espionaje en 2012, que al parecer se mantiene hoy en día y que usa las redes sociales y los teléfonos móviles para espiar.

En la publicación se destaca que se gastaron más de 90 millones de quetzales (unos 12 millones de dólares) para que expertos en tecnologías montaran un “sistema de vigilancia de última generación”, que fue comprado a “un traficante israelí”, identificado como Ori Zoller.

Según el medio, es así como se ordenó el seguimiento, a través de la Dirección General de Inteligencia Civil y con fondos de entidades como la Policía Nacional Civil o la Secretaría de Inteligencia Estratégica, a “políticos, empresarios, periodistas, activistas y diplomáticos”.

“Nada de esto ocurrió sin el conocimiento de las máximas autoridades”, se asegura en el reportaje, en el que se dice que se compraron las “versiones más avanzadas” de programas como “Penk-Link, Conceptus, Circles, Citer 360, Avatar, Pegasus, Laguna, entre otros” para “escuchar, leer, observar y seguir a quien sea”.

Las víctimas de este espionaje eran seleccionadas “por sus convicciones políticas, sociales o porque eran críticas a las acciones de las autoridades de turno”, según se explica en el escrito. EFE