Gobierno de Guatemala pide a la comunidad internacional que respete soberanía

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Guatemala, 10 sep (EFE).- La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que respete las decisiones soberanas del Gobierno respecto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Se le llama a la comunidad internacional a que se respete la soberanía del Gobierno”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores en una breve conferencia de prensa tras la reunión semanal del Gabinete de Gobierno.

Cuestionada por la opinión del grupo de Países Donantes, conocido como G13, sobre la decisión de no renovar el mandato de la Cicig y de prohibir la entrada al país de su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez, la canciller dijo que ellos tienen su postura.

“Sin embargo, el Gobierno de la República de Guatemala es soberano para poder tomar las decisiones que corresponden (…). Nosotros tampoco estamos opinando sobre las decisiones que tomen sus países, específicamente el G13”, acotó la funcionaria, y agregó que siguen esperando una respuesta oficial de la ONU.

El G13 emitió la semana pasada un comunicado, que no firmó Estados Unidos (uno de sus miembros), en el que aseguraba que las decisiones eran un paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción y un “incumplimiento” del acuerdo suscrito entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas.

El grupo, creado en 1999 en el país centroamericano, está integrado por las embajadas de Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la delegación de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Sistema de Naciones Unidas.

Estos países, agencias bilaterales y multilaterales, representan el mayor grupo de donantes que contribuyen al desarrollo de Guatemala y su objetivo es apoyar a la nación centroamericana en sus esfuerzos para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, junto a un crecimiento económico sostenido.

El comunicado estaba suscrito además por Noruega y el Reino de los Países Bajos, quienes también están de acuerdo con esta postura.

El Gobierno de Guatemala decidió no renovar el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, entre otros motivos por considerar que vulnera las leyes locales e internacionales y porque realiza investigaciones partidarias y sectarias.

Además, prohibió la entrada en el país centroamericano del jefe de este ente, auspiciado por la ONU, por entender que es una amenaza para la seguridad nacional, el orden público y la gobernabilidad.

Las dos medidas fueron duramente criticadas por varios sectores nacionales e internacionales que ven en ellas un paso atrás en la lucha contra la corrupción, una ruptura del orden constitucional y un conflicto de intereses, pues el presidente y sus personas más allegadas han sido señaladas de varios actos ilícitos.

Sin embargo, el secretario de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, confirmó a Velásquez en el puesto desde el exterior, aunque no hizo mención a las acusaciones del Gobierno guatemalteco, que asegura que no escuchó las peticiones y las quejas respecto a la Cicig.

Además, el Gobierno guatemalteco describió un “modus operandi” de la Cicig como el de una red “paralela” y “clandestina” constituida en instancia supranacional a través de la que Naciones Unidas vulnera la soberanía del país.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder. EFE