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Gobierno de Nicaragua retoma discurso de “golpe de Estado”, según oposición

Managua, 6 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua retomó el discurso de llamar “golpe de Estado” a la “insurrección cívica” en el país, con el fin de “confundir” a la opinión pública, dijo el lunes la opositora Alianza Cívica, que discute con el Ejecutivo una solución a la crisis que sacude el país hace más de un año.

“El Gobierno ha retomado el discurso, de un supuesto golpe de Estado (…) esa acusación no tiene ningún fundamento, la están retomando simplemente para confundir a la opinión pública, para inculparnos a nosotros de algo que no ha sucedido y que no tiene pies ni cabeza”, dijo el exdiplomático y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Carlos Tünnermann.

El Gobierno ha vuelto a llamar “golpe de Estado” al levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega, que se inició el 18 de abril de 2018.

Tünnermann recordó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su misión realizada de junio a agosto pasado, solicitó al Gobierno las pruebas del “golpe de Estado”, pero nunca las recibió, y que sus propias investigaciones le llevaron a descartarlo.

Una experiencia similar vivió una delegación del Parlamento Europeo en enero pasado, que también pidió pruebas del “golpe de Estado” denunciadas por el Gobierno, que no las presentó.

A pesar de que el Gobierno de Ortega había abandonado la tesis del “golpe de Estado” en los últimos meses, en días recientes ha señalado a los miembros de la Alianza, a quienes ha advertido con un cambio de interlocutores en las negociaciones para buscar una salida a la crisis.

“Hemos insistido en que es necesario que la Alianza reconozca su responsabilidad que ha tenido, (en) el intento del golpe de Estado”, resaltó hoy el canciller Denis Moncada.

La posición del Gobierno con la Alianza se endureció la semana pasada, luego de que Estados Unidos aplicó sanciones económicas contra el hijo de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, Laureano Ortega.

El Gobierno, al que la Alianza acusa de no cumplir con los acuerdos dirigidos a la solución de la crisis, referidos a la liberación de los “presos políticos” y el respeto de la libertad de expresión y prensa, condicionó el cumplimiento de sus compromisos al levantamiento de las sanciones.

La crisis de Nicaragua ha dejado unas 325 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque instituciones locales elevan la cifra hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.

La CDIH, que cuenta 809 presos, casi el doble de lo que admite el Gobierno, ha señalado a la Administración de Ortega como responsable de delitos “de lesa humanidad”.EFE

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