Guatemala abre una crisis diplomática y pone en duda la lucha anticorrupción

Agencia EFE

Emiliano Castro Sáenz y Patricia Pernas

Guatemala, 11 may (EFE).- El Gobierno de Guatemala abrió hoy las puertas a una crisis diplomática internacional después de pedir el retiro del país de los embajadores de Suecia y Venezuela por una supuesta injerencia en los asuntos internos del país, una decisión que hace tambalear la lucha anticorrupción.

Políticos, empresarios, indígenas, sociedad civil y analistas se posicionaron este viernes en contra de esta medida, que desató una oleada de comentarios, en su mayoría críticos con el Gobierno por su disposición de pedir la salida del sueco Anders Kompass y la venezolana Elena Alicia Salcedo.

El analista político, economista, escritor y excanciller Édgar Gutiérrez dijo a Efe que esta orden es parte de “una crisis que deliberadamente el Gobierno está azuzando y promoviendo” para generar “una ganancia”: la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“El Gobierno ha hecho un acto hostil contra países que no están afectando sino ayudando”, explicó, y esto puede provocar que otros donantes de la Cicig, como España, Alemania o la Unión Europea, se cuestionen si ese apoyo afectará a “su relación internacional con Guatemala”.

“Nunca vi una actitud similar. Ni en los peores momentos de aislamiento internacional en tiempos de Fernando Romeo Lucas García (general que gobernó entre 1978-1982)”, lamentó Gutiérrez, un hombre que ha vivido de cerca el conflicto armado interno que por 36 años desangró el país (1960-1996).

En este mismo sentido, admitió que Guatemala se podría aislar internacionalmente si los Estados consideran “que no es un país confiable y que es un Gobierno desagradecido que ignora las buenas prácticas de la democracia”, aunque advirtió que ahora hay que esperar la respuesta de Suecia y Venezuela, que pueden optar por romper relaciones.

El Gobierno de Suecia, el segundo mayor donante de la Cicig y el único que se ha posicionado, tildó de “desafortunada” la medida y señaló que pedirá explicaciones antes de tomar una decisión.

Pero la postura del Gobierno también ha causado estupor en el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que en una conversación con Efe calificó la disposición del Gobierno como “un sinsentido” que da “vergüenza ajena” y que constituye “un gesto de ingratitud” hacia los países que han apoyado a Guatemala en sus momentos más difíciles.

Este es el caso de Kompass, a quien describió como un “lujo de diplomático” y un “estandarte de la diplomacia sueca”, por lo que la solicitud de retirarlo del país es una “puñalada trasera” a Suecia, un pueblo que ayuda a Guatemala desde la reconstrucción del terremoto de 1976 y que es un ejemplo de “democracia y respeto a los derechos humanos”.

Para el procurador, el presidente Jimmy Morales está en un “laberinto de ingobernabilidad”, producto de su poca experiencia, caracterizado por los escasos apoyos a su gestión, las acusaciones de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder y el juicio a su hijo y a su hermano por un caso de fraude al Estado en 2013.

“Todo esto es un escenario que lo tiene perturbado”, resumió Rodas, quien admitió que es en este “clima de confrontación”, con una gobernabilidad “muy frágil”, se adopta esta decisión “poco diplomática” para minar la labor de la Cicig, a quien Suecia ha donado 36 millones de dólares desde su creación.

También la Asociación de Abogados y Notarios Mayas opinó que la decisión aisla al país y mina la lucha contra la corrupción, una valoración compartida por otras entidades como la Asociación de Periodistas de Guatemala, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

En este mismo sentido, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, de la líder indígena guatemalteca premio Nobel de la Paz en 1992, señaló que se trata de una medida “dañina” e “irresponsable” que se levanta como un nuevo ataque a los países que apoyan la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Mientras, el Gobierno, que no ha dado más declaraciones sobre el tema, defiende que se trata de una decisión “soberana” de Guatemala para defenderse de la supuesta “injerencia extranjera”, pues acusa a Kompass de haber calificado a toda la sociedad guatemalteca como corrupta basándose en la difusión de un mensaje editado en el que hablaba de la lucha contra la corrupción.

El diplomático, quien dirigió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala entre 2006 y 2009 y nombrado embajador en octubre de 2017, criticó el pasado enero que se señalara a toda la sociedad de ser corrupta, como había hecho antes el presidente y su vicepresidente.

“Es cierto que (decir que) la cultura es mala no es (estar) muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto. Ni tan poco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente”, aseguraba Kompass.

En este mismo sentido, agregó: “Esto, en otras palabras, exige una medicina fuerte y creo que en Guatemala esa medicina se llama Cicig”.

Sobre los motivos de pedir el retiro de la diplomática venezolana, quien se ha visto en actos públicos de la organización campesina e indígena Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) -ente muy criticado por el presidente-, no han dado ningún detalle. EFE