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HRW urge a ONU a investigar guerra antidrogas en Filipinas tras salida de CPI

Manila, 19 mar (EFE).- Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar los asesinatos cometidos en la campaña contra las drogas en Filipinas, tras la salida de este país de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Como miembro del consejo, Filipinas está obligada a mantener los estándares más altos de derechos humanos, a cooperar plenamente y a aceptar un mayor control de su historial de derechos para garantizar que cumple con sus responsabilidades”, indicó en un comunicado la directora asociada del programa de justicia internacional de HRW, Param-Preet Singh.

Filipinas abandonó formalmente el domingo el Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, lo que significa que ese tribunal de La Haya tiene jurisdicción para proseguir su examen preliminar sobre los asesinatos cometidos cuando el país era miembro, pero no podrá investigar los que se produzcan en adelante.

“El hecho de que la CPI no pueda ejercer la justicia en Filipinas por delitos futuros destaca la urgencia de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abra una investigación”, instó Singh.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ordenó la salida de la CPI el año pasado, pocas semanas después de que la fiscal Fatou Bensouda iniciara un examen preliminar sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la campaña antidrogas a raíz de una querella contra el mandatario por crímenes de lesa humanidad.

HRW alertó de que la situación es grave ya que los muertos en esa campaña, que arranco el 1 de julio de 2016, ascienden ya a 27.000, según cifras recopiladas por las Naciones Unidas.

Sin embargo, datos filipinos oficiales apuntan a poco más de 5.100 víctimas mortales, la mayoría sospechosos que supuestamente se resistieron a su arresto según la versión policial.

“Una investigación dirigida por la ONU podría sacar a la luz los esfuerzos de Duterte para bloquear la justicia y aumentar la presión sobre él y su gobierno para cambiar el rumbo”, señaló HRW.

A pesar de que Filipinas firmó el Estatuto de Roma en 2000 y el Congreso lo ratificó en 2011, Duterte defiende que la CPI no tiene jurisdicción en su país ni puede abrir una investigación contra él porque ese último paso no figura en la Gaceta Oficial, por lo que no sería válido.

El mandatario también ha amenazado a la fiscal Bensouda con detenerla si viaja a Filipinas y este lunes su portavoz, Salvador Panelo, advirtió de que el gobierno de Manila negará visados al personal de la CPI y los deportará “de inmediato” si logran entrar.

Bensouda aseveró ayer, mediante la cuenta de Twitter de la CPI, que su examen preliminar “independiente e imparcial” sobre la situación en Filipinas continúa porque el tribunal aún tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos cuando el país era partícipe del Estatuto de Roma. EFE

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