Imputarán a exvicepresidenta Guatemala por fraude en nuevo caso de corrupción

a3d4a06ce7876a3b73b315b5536d9dd5Guatemala, 23 feb (EFE).- La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, será imputada por los delitos de fraude y tráfico de influencias por un nuevo caso de corrupción en la adjudicación de la limpieza del lago Amatitlán, anunció hoy la fiscal general del país, Thelma Aldana, en una comparecencia de prensa.


Acompañaron a Aldana el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Ivan Velásquez, y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas.

La exvicepresidenta, según la investigación, utilizó su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago por valor de 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares) a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD.

Su hermano, Mario Baldetti Elías, ejerció de intermediario entre la empresa y el Estado: él fue quien coordinó “todas las acciones” para realizar “esta operación fraudulenta”, aseguró Velásquez.

Por ello, se le imputan los delitos de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita, agregó.

Por este caso de corrupción fueron detenidas hoy otras 13 personas, entre ellas el excomisionado Presidencial del Agua, Pablo Roberto González Córdova, a quien se le señala de hacer creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por una empresa israelí, era la única solución.

Con el aval de la Vicepresidencia, y en un momento de dificultad económica en el que la Fiscalía “estaba suplicando dinero para pagar el salario de los trabajadores”, remarcó Aldana, la empresa israelí recibió el pago de 22,8 millones de quetzales (2,97 millones de dólares) por un primer servicio.

La investigación de la Fiscalía reveló el fraude de esta convocatoria, puesto que la propia Baldetti anunció, días antes de que el contrato fuese publicado para su licitación en el portal Guatecompras, que el país contaría con un “líquido especial fabricado en Israel” para limpiar el lago.

La famosa solución para limpiar la cuenca, según un informe circunstanciado de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente hecho público el pasado mes de mayo, era “agua con sal”.

La convocatoria pública para adjudicar este servicio, indicó Aldana, fue publicada en Guatecompras (portal de adjudicaciones del Estado) con solo un día de margen para presentar toda la documentación, lo que lleva a la Fiscalía a concluir que ya estaba otorgado de antemano.

A través de varios testaferros, la empresa distribuyó parte de los 22 millones de quetzales (2,97 millones de dólares) entre los funcionarios involucrados en la trama, incluido el director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa), Edwin Ramos, y responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre estos últimos funcionarios están Pablo Roberto González Barrios, Jorge Mario Cajas Cóndova, Marilin Sosa Azurdia y Rubén Torres.

La operación, indicó Aldana, todavía está en marcha y no se descartan nuevas detenciones, incluidos responsables de la empresa israelí.

Asimismo, la Fiscal reconoció que se están investigando más casos de corrupción en el Gobierno de Otto Pérez Molina, quien como Baldetti, se encuentra en prisión preventiva por el caso de fraude aduanero “La Línea”.

La red “La Línea” fue desarticulada en abril de 2015 y según el Ministerio Público y la Cicig, era liderada por Pérez Molina y la exvicepresidenta.

Baldetti renunció al alto cargo en mayo del año pasado y su captura se registró en agosto del mismo año. Luego de pasar varios días en centros hospitalarios por una supuesta infección bacteriana, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la periferia norte de la capital.

Mientras, Pérez Molina renunció a la Presidencia en septiembre pasado y quedó en prisión preventiva en una cárcel militar.

Los dos ex altos cargos están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera en el caso “La Línea”, que generó una crisis política en Guatemala.

Hasta ahora el juez encargado del proceso, Miguel Ángel Gálvez, no ha fijado una fecha para la denominada “etapa intermedia” del proceso, en la que deberá decidir si Pérez Molina y Baldetti van o no a un juicio oral y público.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público presentó el año pasado 200 pruebas, 5.000 folios, 100.000 llamadas telefónicas y 5.000 correos electrónicos contra los implicados en la red, que suman más de 50 entre funcionarios y particulares. (1)EFE