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Indígenas indocumentados, una histórica deuda que Costa Rica busca saldar

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San José, 3 jul (EFE).- Una ley aprobada por el Congreso de Costa Rica pretende convertirse en una herramienta para comenzar a saldar una deuda histórica del país hacia los indígenas indocumentados o apátridas, quienes por esa condición muchas veces no tienen acceso a servicios como salud y educación.

El Congreso costarricense aprobó esta semana la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza.

Entre las poblaciones más beneficiadas se encuentran los indígenas ngäbe buglé que cruzan constantemente la frontera entre Costa Rica y Panamá y que en muchas ocasiones son apátridas o no tienen documentos de nacimiento o identidad.

La ley pretende facilitar a los indígenas indocumentados trámites expeditos y asistidos en su lengua para que obtengan la nacionalidad o la residencia costarricense, dependiendo de cada caso.

La ley reconoce el derecho de las personas indígenas transfronterizas, como los ngäbes buglé, a tener la nacionalidad costarricense para poder acceder eficazmente a servicios públicos como salud y educación.

“La iniciativa permitirá que personas indígenas ngäbe que viven en la frontera entre Costa Rica y Panamá puedan acceder a un proceso especial para optar por la nacionalidad costarricense o por la residencia, y acceder a diferentes derechos y servicios que se les han negado por muchos años. Saldamos una deuda histórica”, declaró el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez.

La ley establece que los trámites de inscripción y entrega de cédula serán gratuitos y el Registro Civil hará giras al menos una vez al año a las zonas donde viven los indígenas para inscribir nuevos nacimientos y tramitar solicitudes de nacionalidad.

Para este trabajo, las instituciones involucradas deberán contar con personas traductoras para facilitar los trámites y respetar las tradiciones, culturas y derechos de los pueblos indígenas.

El Registro Civil coordinará y promoverá el intercambio de información con países vecinos para facilitar los trámites.

Cada año unos 15.000 indígenas ngäbes cruzan la frontera de Costa Rica y Panamá para trabajar en las cosechas, principalmente de café costarricense, muchísimos de ellos sin documentos de identidad y sin registros de nacimiento en ninguno de los dos países.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha llamado a esta población los “Chiriticos”, en un juego de palabras que une la provincia panameña occidental de Chiriquí y el apodo de “ticos” que reciben los costarricenses.

El problema se agrava porque con frecuencia las mujeres de esta etnia dan a luz en las fincas agrícolas sin ningún tipo de atención médica y luego no registran a sus hijos ante las autoridades pertinentes.

El ACNUR, en conjunto con Costa Rica y Panamá, ejecutaron un proyecto entre 2015 y 2017 para visitar fincas, atender a miles de indígenas, hacer un registro de ellos y facilitarles documentación.

Este esfuerzo conjunto hizo visible el problema que enfrentan estos indígenas y la necesidad de garantizarles las condiciones para el ejercicio de sus derechos.

Según los diputados, la nueva ley tiene como fin proteger a una población vulnerable con pobre acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos.

Según datos oficiales, en Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, viven cerca de 104.000 indígenas distribuidos en ocho grandes pueblos: Bribís, Cabécares, Malekus, Chorotegas, Huetares, Teribes, Bruncas y Ngäbe, en los cuales se registran altos niveles de pobreza. EFE