Jimmy Morales nombra como fiscal a la magistrada Porras Argueta

Agencia EFE


Guatemala, 3 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, nombró hoy como próximo fiscal del país a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad María Consuelo Porras Argueta, quien ya figuraba como una de las favoritas para el mandatario, según varios sectores.

Morales se mostró convencido, según un comunicado de prensa, de que Porras “llena las cualidades profesionales” y de idoneidad para el cargo que ocupará los próximos cuatro años y la instó a “impulsar una política de persecución penal objetiva, imparcial e independiente”.

El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, indicó que el mandatario basó su decisión en la entrevista que le realizó el lunes pasado, así como en el currículum y su plan de trabajo, en el cual Porras se comprometió a impulsar “la correcta imputación y presentación de pruebas” y le pidió que trabaje “por el bien de Guatemala”.

La nueva fiscal, electa de una terna de seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación tras depurar decenas de expedientes durante más de dos meses, sustituirá en el cargo el próximo 18 de mayo a Thelma Aldana, quien termina un periodo marcado por un combate frontal a la corrupción y la impunidad.

Porras Argueta (Chimaltenango, 23 de agosto de 1953) es una abogada guatemalteca, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad San Carlos (Pública) y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2016-2020.

En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, Supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata a fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y en 2014.

Además de Porras Argueta, la nómina de la que disponía Morales estaba compuesta por la subdirectora de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina; y el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

También la exfiscal y exinvestigadora de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Gladys Verónica Ponce Mejicanos, la jueza Patricia Gámez y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, Édgar Estuardo Melchor Solórzano.

Las mejores calificadas entre los finalistas, según la tabla de gradación, habían sido Porras y Dery, con 75 puntos, seguidas de Gálvez (70), Gámez (67), Ponce (63) y Melchor (60).

La comisión de postulación, presidida por el titular del Organismo Judicial, Alejandro Pineda Barales, y compuesta por 15 integrantes, votó en pleno para que Dery, Ponce y Melchor integraran el sexteto, mientras que 14 comisionados avalaron la candidatura de Gálvez y Gámez y 13 hicieron lo propio por Porras.

La nueva fiscal es una de las más desconocidas de todos los que aspiraban al cargo, aunque su nombre figura en una investigación en la que se destapaban irregularidades y una red de tráfico de influencias en la elección de magistrados dentro del Organismo Judicial.

Supuestamente su expediente fue uno de los evaluados por el magistrado Eddy Orellana Donis, quien desempeñaba “un papel clave” en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por ser uno de los integrantes de la Comisión de Postulación encargada de evaluar los perfiles y seleccionar los candidatos para ostentar la magistratura del país para el periodo 2014-2019.

Varias organizaciones han puesto en duda la imparcialidad del mandatario en esta elección, pues varios de sus familiares y allegados, incluidos él mismo, enfrentan acusaciones y señalamientos por diversos hechos.

En contra de Morales hay dos señalamientos por financiación electoral ilícita cuando era secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), durante la campaña que lo llevó al poder en 2015, mientras que su hijo José Manuel y su hermano Sammy enfrentarán un juicio por un supuesto fraude al Estado en 2013.

Entre otros casos también está el que implica al que fuera una de sus personas cercanas y también diputado del partido oficialista Edgar Ovalle, prófugo de la Justicia por un caso de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno que por 36 años (1960-1996) se cobró la vida de más de 250.000 personas, entre muertos y desaparecidos. EFE