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Jueza ordena prisión y suspensión de pena para defensora de DDHH en Nicaragua

Managua, 2 sep (EFE).- Una jueza de Nicaragua ordenó este lunes 30 días de prisión y suspensión de pena a una defensora de los derechos humanos, tras haberla declarado culpable por obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, al defender a un “preso político”, en medio de la grave crisis sociopolítica local.

La decisión de la titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, Nalia Úbeda, dejó sin efecto cualquier pena contra la defensora María Oviedo, para quien la Fiscalía exigía cuatro años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“En el ‘por tanto’ de la sentencia, la judicial estableció que imponía la pena de 30 días de arresto y suspendió la pena, por eso en este momento estoy aquí compartiendo con ustedes”, dijo Oviedo, al salir de Complejo Judicial de Managua.

El 29 de agosto pasado Úbeda encontró culpable a la defensora, por los delitos de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, al haber dado una bofetada al policía Óscar Danilo López, al que la CPDH describió como un hombre corpulento de casi dos metros de altura, quien supuestamente la había tocado de manera indebida en una estación policial.

Tras el fallo del 29 de agosto, la defensa de Oviedo denunció que durante el juicio la jueza aceptó alegatos “inverosímiles” del Ministerio Público, pruebas contaminadas, y testimonios que contradecían el vídeo del suceso.

El juicio tuvo relevancia mediática porque diversos conglomerados de abogados, así como organizaciones humanitarias, advirtieron que el caso era parte de la “represión” del Gobierno de Nicaragua contra los defensores de derechos humanos, cuando el país atraviesa su peor crisis sociopolítica en décadas.

“Es una victoria del pueblo nicaragüense, por el apoyo que nos ha dado”, dijo la defensora de Oviedo, Leyla Prado, ambas integrantes de la CPDH.

El caso fue seguido de cerca por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había extendido medidas cautelares a favor de Oviedo, y por organizaciones feministas internacionales, que habían exigido su libertad.

“La presión, no sólo nacional, sino también internacional, ha hecho eco para que las autoridades rectifiquen tanto abusos que se han venido cometiendo en el Poder Judicial. Este es un juicio político que jamás debió haber iniciado”, sostuvo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.

Oviedo afirmó que desconoce las medidas que tomará el juez ejecutor para hacer valer la sentencia de Úbeda, pero la CPDH descartó acciones que revivan el caso, salvo por apelación de la Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia todavía tiene que decidir si acepta la petición del agente, de suspender la licencia de Oviedo.

Oviedo es una de decenas de abogados que defienden los derechos humanos de las víctimas de la crisis, entre ellas “presos políticos”, nicaragüenses que denunciaron ser torturados por policías o paramilitares, y familiares de personas que han desaparecido o fueron asesinadas después de participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Unas 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, en abril de 2018 según la CIDH. Organismos locales cuentan hasta 595. El Gobierno admite 200. EFE

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