Justicia rumana desautoriza a presidente y ordena cese de jefa anticorrupción

Radio Romania International

Bucarest, 30 may (EFE).- El Tribunal Constitucional de Rumanía ha desautorizado hoy al presidente del país, Klaus Iohannis, por haber paralizado el cese de la jefa de la Fiscalía anticorrupción, decidido por el Gobierno de centroizquierda, y ha ordenado que se ejecute la destitución.

“El presidente de Rumanía debe emitir un decreto de destitución de la fiscal jefe Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi”, puesto que el jefe del Estado “no tiene poder discrecional” en este campo, señaló la Corte, en lo que supone una importante victoria para el Gobierno, habitualmente enfrentado a Ioahnnis.

El ministro de Justicia, Tudorel Toader, había presentado un conflicto de competencias después de que el presidente bloqueara a medidos de abril el cese de Kovesi.

Toader afirmó que esta decisión certifica que el presidente no tiene competencias sobre la labor de los fiscales y que esa autoridad la tiene plenamente el Ministerio de Justicia

Kovesi, muy popular en Rumanía, fue cesada por el Gobierno tras acusarla de “exceso de autoridad”, de haber violado la Constitución y de perjudicar la imagen del país en el extranjero por sus investigaciones sobre casos de corrupción política.

Tanto el Consejo Superior de Magistratura de Rumanía, que vela por la independencia de la Justicia, como la Comisión Europea mostraron su apoyo a la fiscal.

La decisión del Constitucional reduce las competencias del jefe del Estado y puede enmarcarse en los cambios legales en países del Este de Europa, como Polonia o Hungría, que son vistos por sus críticos con un peligro para la independencia de la Justicia.

El presidente del Constitucional rumano, Valer Dorneanu, fue durante mucho tiempo militante socialdemócrata

Kovesi ha llevado ante la justicia a cientos de políticos por delitos de corrupción, y el anuncio de su cese en febrero provocó manifestaciones de apoyo en varias ciudades.

Para esta noche se ha convocado una manifestación contra la decisión del Constitucional.

Los dos líderes de los partidos de la coalición de Gobierno, el socialdemócrata y el liberal ALDE, están siendo actualmente investigados por corrupción.

El pasado abril, el Consejo de Europa expresó sus “graves preocupaciones” por el impacto negativo que la planeada reforma judicial podría tener en la lucha contra la corrupción. EFE