Durango, Dgo
Con el propósito de proteger a quienes buscan empleo y evitar que sean víctimas de engaños, la diputada Ana María Durón presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Durango, con el fin de equiparar al delito de fraude las ofertas laborales falsas o engañosas que pongan en riesgo la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas.
Durante su intervención, la legisladora explicó que la propuesta busca cerrar vacíos legales y sancionar a quienes utilizan supuestas vacantes de trabajo para engañar a las personas, obtener dinero, robar datos personales o cometer otros delitos.
“No estamos persiguiendo a empleadores honestos. Estamos poniendo un alto a quienes, con dolo, utilizan el trabajo como anzuelo para dañar. Durango no puede ser tierra fértil para estas prácticas. Tenemos la obligación de proteger a quienes buscan empleo y confían en encontrar una oportunidad”, señaló al ampliar los motivos de la iniciativa.
La diputada indicó que actualmente buscar empleo se ha convertido en una actividad cotidiana, especialmente a través de redes sociales, mensajes telefónicos y plataformas digitales, donde miles de personas revisan anuncios con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral.
Sin embargo, advirtió que detrás de muchas de estas publicaciones se esconden fraudes que buscan obtener dinero, robar información personal o incluso vaciar cuentas bancarias, afectando gravemente el patrimonio de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que este tipo de engaños ha evolucionado junto con la tecnología, ya que las estafas ya no se realizan únicamente de forma presencial, sino que se presentan mediante anuncios atractivos o promesas urgentes que terminan atrapando a personas en situación de necesidad.
Además, alertó que en algunos casos estas falsas ofertas laborales también han sido utilizadas para captar personas con fines criminales, lo que puede derivar en situaciones que ponen en riesgo la libertad, la integridad e incluso la vida de las víctimas.
Por ello, la iniciativa plantea equiparar al delito de fraude las ofertas laborales falsas que pongan en peligro la salud, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas, con el objetivo de facilitar su investigación y evitar la impunidad.
“Esta iniciativa no es solo un ajuste al Código Penal. Es una decisión ética. El derecho al trabajo también implica el derecho a buscarlo sin miedo. Hoy tenemos la oportunidad de mandar un mensaje claro: en Durango, el trabajo no se usa para engañar”, concluyó la legisladora.
