La ausencia de acusados marca el primer juicio transicional en Túnez

Crónica Viva

Natalia Román Morte

Gabes (Túnez), 29 may (EFE).- La ausencia de los acusados y la denuncia por la falta de colaboración de las fuerzas de Seguridad marcaron el inicio hoy del primer juicio vinculado a la Justicia Transicional, puesta en marcha tras la caída en 2011 de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Alí.

En medio de una gran expectación mediática, estaban llamados a comparecer ante un juez de la ciudad meridional de Gabes 14 miembros del antiguo régimen, entre ellos el propio tirano y quien fuera su ministro de Interior, Abdalá Kallel.

Todos, acusados de estar implicados en la desaparición forzada y en la muerte en 1991 del militante islamista Kamel Matmati, secretario general del Sindicato UGTT en la Sociedad Nacional de Electricidad y Gas de la citada ciudad

Según una investigación realizada por la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), organismo que persigue la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en Túnez, Matmati salió el 7 de octubre de aquel año de su domicilio rumbo a su oficina y nunca regresó.

Su mujer, Latifa, recordaba hoy a Efe que le había pedido que se quedase en casa por miedo a la campaña de arresto de opositores que en aquel tiempo había lanzado el ministerio de Interior, pero Mamati insistió en ir.

Al mediodía, cuando se aprestaba a compartir la oración del mediodía, agentes del régimen le sacaron a empellones de su puesto de trabajo, le golpearon en la cabeza y le introdujeron en un vehículo, rememoró.

Tres décadas después, el “caso Matmati” ha devenido en uno de los símbolos de la justicia transicional en Túnez, que atraviesa un momento agridulce, pues comienza a recolectar los primeros frutos al tiempo que afronta graves obstáculos desde el nuevo régimen.

Cerca de cuarenta abogados de la acusación y decenas de miembros de la sociedad civil, además de numerosos periodistas, se personaron este martes en el juzgado de Gabes, 400 kilómetros al sur de la capital.

En una sala anexa, decenas de ciudadanos más se congregaron para escuchar el testimonio de testigos y acusados, pero se quedaron con la miel en los labios, al igual que la madre, la viuda y sus hijas, también presentes.

Ni los imputados, ni la defensa, que asegura no haber recibido la citación, aparecieron en un estrado en el que se escucharon media decena de testimonios.

“Cuando fuimos a la comisaría nos dijeron que lleváramos comida y ropa, pero al día siguiente aseguraron que se había marchado. Más tarde que estaba en Túnez capital, luego en el hospital, y por último que se había marchado al extranjero”, rememoró la madre entre sollozos.

Con un dolor similar, su viuda reiteró su deseo de “ver el cadáver”, de “enterrar su cuerpo, aunque sólo sean huesos”, de “darle un funeral digno y poder rezar por él”, imploró.

Un testimonio desgarrador similar al que ofreció un médico, también militante islamista, que compartió celda con Matmati durante sus primeras horas de arresto, y que relató con detalle las torturas dando el nombre de cuatro agentes presuntamente implicados en las mismas.

“Yo llegué dos horas después que él. Cuando lo trajeron tenía los brazos rotos y les pedí que pararan de torturarlo, pero el jefe de la policía continuó pegándole. Cuando logré examinarle ya estaba muerto”, relató.

“Después de haber sido torturado, nos trajeron productos para limpiar su sangre. Su muerte, quizás, nos sirvió de indulto ya que entonces dejaron de torturarnos”, declaró sobre el calvario de Matmati, a la que la Justicia de la dictadura condenó a 17 años de prisión una vez muerto.

En 2012, una investigación judicial confirmó por primera vez su asesinato y en 2015 la justicia ordinaria abordó el caso pero ningún alto cargo fue imputado.

Solo varios agentes fueron condenados a un año de cárcel, ya que la mayoría de los delitos habían prescrito.

No fue hasta 2016 cuando el Estado admitió su muerte y dio a la familia una partida de defunción.

Un caso que aún no ha terminado, ya que ante la ausencia de los acusados, el juicio ha sido puesto hasta el 10 de julio, y la acusación ha pedido una orden de comparecencia ante lo que denuncian como reticencias a colaborar de las actuales fuerzas de seguridad. EFE