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La Cicig advierte que Guatemala sigue siendo un “Estado capturado”

Guatemala, 28 ago (EFE).- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) advirtió este miércoles que el país centroamericano sigue siendo “un Estado capturado” donde los grupos de poder buscan perpetuar el “statu quo” y la “impunidad”. 

Mientras personal de mantenimiento y de la Comisión sacaba decenas de cajas , cartones y papeles de la que fue la sede de la Cicig durante los últimos 12 años, una casa que será derruida y en la que construirán un centro comercial, el ente auspiciado por la ONU presentaba su última actividad, el informe: “Guatemala: un Estado capturado”. 

Este documento, que tiene por objetivo ofrecer una “interpretación analítica” de la “captura y cooptación del Estado” de estos cuerpos que actúan como “redes político-económicas ilícitas”, explica cómo estas estructuras se han “multiplicado y diversificado en el último cuarto de siglo”.

Así lo recordó mediante una videoconferencia el jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, quien hizo un breve repaso por la actividad desarrollada junto al Ministerio Público y en especial con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, uno de los “pilares fundamentales” y un “referente de ética” para el país. 

La salida de la Comisión, prevista oficialmente para el próximo 3 de septiembre pero que se ha ido produciendo paulatinamente a lo largo de las últimas semanas, es para Velásquez consecuencia de los casos desarticulados en los últimos años, que evidenciaron “cuál era la raíz del problema del país”. 

Y han sido los que tienen “en su poder al Estado” los que han hecho todo lo posible para lograr la salida de la Cicig, que se produce después de que el presidente Jimmy Morales, que ya el año pasado prohibió la entrada en Guatemala de Velásquez, decidiera no renovar su mandato por considerarlo un peligro para la seguridad nacional. 

Como dice el informe, conforme avanzaban las investigaciones a lo largo de los años, donde se confirmaban los vínculos de ese tipo de estructuras con los “núcleos de poder político, económico y social del país”, estos optaron por “pactar con cualquier actor que les garantizara impunidad”, incluyendo grupos criminales.

Esto se tradujo en una “intensa campaña en contra de la Cicig, financiada por grupos de poder, que incluyó el pago de servicios de lobby en el extranjero, campañas de comunicación y desprestigio, y el intento de sabotear y detener las investigaciones”.

En este sentido, el informe denuncia que “altos funcionarios de los organismos Ejecutivo y Legislativo” formaron parte de esta “coalición mafiosa” y participaron “activamente” en las acciones en contra de la Cicig con el fin de “sacrificar el presente y el futuro de Guatemala para garantizarse impunidad”.

Estas estructuras, según explicó el consultor Ricardo Sáenz, son “dinámicas y flexibles, se adaptan a nuevos entornos legales y políticos, y aunque en condiciones normales tienden a competir entre ellas, frente a las acciones del Ministerio Público y de la Comisión ha tendido a coordinarse y coaligarse para detener los avances de las investigaciones y restituir el statu quo”.

Y es así como a pesar de que conservan su “composición estructural fundamental” se han “complejizado”, integrando nuevos actores y ocupando y disputando “posiciones estratégicas en la institucionalidad del Estado” distorsionando “la institucionalidad democrática a su favor”, moldeando el sistema político y diseñando mecanismos para ocupar posiciones de poder.

Actualmente, explicó, están en la mayoría de entidades públicas del Estado y han tenido un papel fundamental en la vida política del país, pues las investigaciones demostraron que los resultados electorales de 2011 y 2015, en los que resultaron vencedores el expresidente Otto Pérez Molina y el actual, Jimmy Morales, respectivamente, fueron “moldeados” por la financiación electoral ilícita de estas redes. 

Un dinero que también salpicó a partidos de la oposición, como el de la ex primera dama Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperenaza), y que evidencian que la “institucionalidad democrática ha sido capturada y distorsionada”, una muestra más de la “generalización de la corrupción y la impunidad”. 

Ante esta situación, el informe recuerda que “Guatemala se encuentra hoy en una encrucijada”, en la que la coalición formada a favor de la impunidad y del statu quo “pretende detener las dinámicas de cambio” y mantener “la pobreza, la desigualdad y la exclusión, el secuestro de la institucionalidad democrática, el predominio de algunos grupos privilegiados y el saqueo de los recursos públicos”.

Pero el abogado colombiano, que asumió la dirección de la Comisión en 2013, prometió seguir apoyando a los guatemaltecos “en la medida” de sus posibilidades y pidió a todos los sectores “unidad” para seguir trabajando por la transformación del país, que empezó en 2015, que tiene que “rescatarse” y que “fortalecerse”. EFE

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