La CIDH advierte continuidad de un patrón de represión selectiva en Nicaragua

Managua, 11 sep (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió hoy sobre la “continuidad de un patrón de represión selectiva” en Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa desde abril el país centroamericano.

“Con las detenciones de Yubrank Suazo, Amaya Coppens y Edwin Carcache, #MESENI observa la continuidad de un patrón de represión selectiva, con arrestos arbitrarios e ilegales”, señaló ese ente, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un tuit.

Representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, dan seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por ese ente en su informe ante el Consejo Permanente de la OEA, que consisten principalmente en que el Gobierno cese la represión y garantice el respeto a los derechos humanos.

“La @CIDH urge al Estado de #Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de #DDHH”, agregó el ente.

Yubrank Suazo es el líder del Movimiento 19 de Abril Masaya, cuya vivienda fue incendiada en julio pasado tras leer un pronunciamiento en el que la ciudad de Masaya se declaraba “libre del dictador”, en referencia al presidente Daniel Ortega.

Amaya Eva Coppens es una estudiante de medicina, con nacionalidad belga, detenida anoche en la ciudad de León (noroeste).

Mientras Edwin Carcache es un dirigente estudiantil, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia, que fue detenido la semana pasada.

La mayoría de los detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamental enfrentan diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo.

Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 481 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El presidente Ortega negó en una entrevista con Efe la pasada semana que haya sofocado las protestas con represión y dijo que no se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses.

Además, culpó a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE