La Fiscalía boliviana pide autorización para enjuiciar al expresidente Mesa

Urgentebo

La Paz, 9 jul (EFE).- La Fiscalía boliviana solicitó hoy al máximo tribunal de justicia del país la autorización para juzgar al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) por un fallo internacional que obligó al Estado a pagar una multa millonaria por revertir una concesión a una empresa minera chilena cuando era gobernante.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó esta tarde ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, el “requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Mesa” dentro del caso conocido como Quiborax.

La Fiscalía tenía un plazo de 30 días, que concluyó hoy, para pronunciarse sobre una solicitud de la Procuraduría General del Estado para investigar a Mesa y a tres exministros de su gestión por los supuestos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.

Según Guerrero, en estos 30 días el Ministerio Público acumuló “antecedentes” sobre el caso, mediante la toma de declaraciones informativas a exautoridades de la Procuraduría.

Mesa también fue convocado a declarar, pero resolvió presentar tres memoriales y evitó responder las consultas de Guerrero, según un comunicado del Ministerio Público.

“Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que, a su vez, pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa”, explicó el fiscal general, citado en el comunicado.

Si el Legislativo, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprueba el inicio del juicio de responsabilidades, la Fiscalía comenzará la investigación, se indica en el comunicado.

Guerrero aclaró que “la única persona que goza de privilegio constitucional es el expresidente Mesa”, por lo que a la Fiscalía le corresponde pronunciarse solamente sobre su caso.

El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa.

Estas firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una entidad dependiente del Banco Mundial, que a finales de mayo cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.

En junio pasado, el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.

El Gobierno de Morales ha apuntado a Mesa como responsable del fallo adverso al Estado argumentando, entre otros, que con las decisiones asumidas por el exgobernante en su gestión, el país no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional.

Mesa, que actualmente es portavoz de la demanda marítima de Bolivia contra Chile, ha denunciado por su parte que la solicitud para investigarlo tiene fines políticos y busca “evadir la responsabilidad directa” de la Procuraduría por una “desastrosa negociación” en el proceso de la empresa contra el Estado boliviano.

Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, fueron convocados la semana pasada por el Legislativo para informar sobre el caso y recibieron el voto de confianza de la mayoría oficialista parlamentaria.

Mesa señaló que la interpelación a los ministros fue un “acto adelantado de acusación” en contra suya y que se han dejado de lado “elementos claves” del proceso. EFE