La izquierda chilena pide cierre de prisión especial para violadores de DDHH

Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- El izquierdista Frente Amplio (FA) de Chile insistió hoy en demandar el cierre de la prisión de Punta Peuco, en la que cumplen sus condenas los represores de la dictadura de Augusto Pinochet, en el marco de la conmemoración del 45 aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Los dirigentes del FA, integrado por 14 partidos o movimientos y con representación en ambas cámaras del Congreso chileno, llegaron hasta Punta Peuco, 35 kilómetros al norte de Santiago, para pedir “fin a la impunidad, fin a la injusticia y reparación”, según dijo a los periodistas el diputado Miguel Crispi.

En las últimas semanas la situación de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad tomó fuerza luego que la Corte Suprema otorgara la libertad condicional a siete de ellos, al acoger recursos de amparo (hábeas corpus) presentados por su defensa.

En medio del debate desatado, diputados del FA presentaron una acusación constitucional contra tres jueces del máximo tribunal chileno, a los que acusaron de “notable abandono de sus deberes”, una iniciativa que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados.

Para el diputado Crispi, la lucha contra la impunidad no es sólo una labor de los familiares de los detenidos desaparecidos, sino de “todos los chilenos y chilenas”.

El portavoz del conglomerado de izquierdas, Rodrigo Echecopar, hizo un llamamiento “a que avancemos y podamos cerrar este penal especial que le da privilegio a unos pocos y avanzar en justicia y verdad para todos”, como primer paso en esa lucha.

Javiera Toro, también dirigente del FA, llamó al Gobierno a “poner urgencia en tramitar una ley que actualice la legislación vigente, impidiendo los beneficios a los criminales de lesa humanidad y regulando de manera distinta la libertad condicional”.

Pidió además “una ley para proteger la memoria histórica y terminar el negacionismo; terminar con el secreto del informe Valech para avanzar en justicia, y como medida urgente e inmediata, terminar con la ley de amnistía”.

El informe Valech certificó en 2003 y amplió en 2011 un reporte que validó que 40.018 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero por decisión del Gobierno de Ricardo Lagos, su contenido permanecerá secreto durante 50 años.

Por último, el FA demandó la nulidad de una ley de amnistía para criminales de lesa humanidad dictada en 1978 por Pinochet.

Durante el acto, Beatriz Sánchez, candidata presidencial del FA en las elecciones del año pasado, fue preguntada por las divergencias existentes en el bloque respecto de los derechos humanos, con posiciones encontradas respecto de la crisis de Venezuela, Nicaragua y otros países.

“Tenemos varias discusiones abiertas. Puede haber declaraciones que tengan una intención u otra, pero no nos perdemos en los temas de fondo, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, afuera y en Chile”, sostuvo. EFE