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Las incompatibilidades ponen en apuros al Gobierno socialista portugués

Paula Fernández

Lisboa, 31 jul (EFE).- Las incompatibilidades que marca la ley portuguesa para los cargos públicos han puesto en apuros al Gobierno socialista a dos meses de las elecciones, cuando se multiplican los casos destapados por la prensa de familiares de gobernantes que hicieron negocios con el Estado.

Lo que empezó como una polémica campaña contra el fuego se ha ido caldeando hasta convertirse en apenas dos días en una sucesión de controvertidos negocios públicos con parientes de ministros y secretarios de Estado que parecen no ajustarse a la ley.

Las sospechas recayeron primero en el secretario de Estado de Protección Civil, José Artur Neves, en el punto de mira desde que el lunes su adjunto tuviese que dimitir tras adjudicar los contratos de una campaña contra el fuego que incluía bragas para el cuello fabricadas con material inflamable.

Pero a las irregularidades detectadas en esta campaña -las prendas fueron compradas a una empresa con adjudicaciones en Arouca, municipio del que Neves fue alcalde- se sumaron un día después las noticias de que una sociedad en la que su hijo tenía una participación del 20 % había ganado tres contratos públicos.

La oposición no perdió el tiempo en pedir su dimisión aludiendo a la ley de incompatibilidades, que actualmente impide participar en concursos a las empresas en las que un cargo público o sus familiares (ascendientes, descendientes y colaterales en segundo grado) tengan una participación de al menos un 10 %.

Al secretario de Estado se han unido hoy otros casos similares destapados por la prensa portuguesa que afectan a varios ministros, entre ellos el de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, ya que su padre tiene dos empresas que desde hace una década realizan negocios con el Estado.

Lo mismo ocurre con el marido de la ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, y con el padre, la madre y el hermano de la titular de Cultura, Graça Fonseca, que hacen negocios con el Estado portugués desde hace años.

Desde el Gobierno han instado a la prudencia a la hora de interpretar la ley de incompatibilidades que actualmente está en vigor, que data de 1995 y es “poco clara”, según declaró hoy el ministro de Exteriores, Augusto Santos Silva, quien consideró que “sería absurdo hacer una interpretación literal”.

Santos Silva defendió que hay personas que “ejercen su derecho constitucional al trabajo” y que “no pueden ser perjudicadas solo por ser familiares de cargos públicos”.

Por ello, aguardan “con serenidad” a que se pronuncie la Fiscalía, a quien el primer ministro de Portugal, António Costa, pidió una valoración jurídica sobre la ley.

Costa considera que la interpretación que se estaba haciendo sobre el caso de Neves “supera ampliamente, tanto en su ámbito como en sus consecuencias, lo que ha sido la práctica corriente a lo largo de los años” y, por ello, “no puede dejar de suscitar dudas”.

El Ejecutivo se mantiene a la espera de la respuesta de la Fiscalía antes de seguir pronunciándose sobre la polémica ley, que dejará de tener efecto en la próxima legislatura porque acaba de ser reformada por el Parlamento, donde tanto los socialistas y sus socios de izquierda como el PSD (centro-derecha, líder de la oposición) acordaron relajar las restricciones.

La futura normativa, que fue publicada precisamente hoy en el Diario de la República, vetará sólo a las empresas en las que participen “conjuntamente” un cargo público y sus familiares, y no sólo los parientes. EFE