Inicio > Noticias > Internacional > Ley que limita huelgas abre nuevo episodio en una convulsa Costa Rica

Ley que limita huelgas abre nuevo episodio en una convulsa Costa Rica

Douglas Marín

San José, 4 sep. (EFE).- Un proyecto de ley aprobado en primer debate por el Congreso de Costa Rica para establecer mayores regulaciones a las huelgas abre un nuevo capítulo en la convulsa relación que viven desde el año pasado los sindicatos y el Gobierno, y en la que también entran en juego las cámaras empresariales.

Desde que comenzó el Gobierno de Carlos Alvarado el 8 de mayo de 2018, las relaciones con los sindicatos ha sido convulsa, especialmente por la polémica reforma tributaria que finalmente fue aprobada en diciembre pasado, a pesar de que en ese momento había una huelga de tres meses encabezada por los docentes.

En 2019 se ha ido implementado paulatinamente la reforma fiscal y los sindicatos han seguido efectuado huelgas, algunas llamadas “intermitentes” de uno o dos días de duración cada cierto tiempo, para expresar su rechazo al plan fiscal, principalmente a componentes que recortan pluses salariales y una regla fiscal que limita el crecimiento de los presupuestos.

Lo lento y engorroso de los procesos para que un juzgado declare legal o ilegal una huelga, sumado a otro movimiento que paralizó los servicios de salud durante 8 días a inicios de agosto pasado, generó un álgido contexto en el que un grupo de diputados de varios partidos impulsó con fuerza la iniciativa de ley para regular huelgas.

La “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” se aprobó en el primero de dos debates necesarios la noche del martes por 40 a 15, con votos de casi todos los partidos.

El texto prohíbe la huelga en servicios considerados “esenciales” como los son la policía y la salud, y además ordena la retención salarial desde el primer día del movimiento. El salario será pagado únicamente si un juzgado determina que hubo un incumplimiento grave del patrono.

El sector educativo quedó fuera de los servicios esenciales, pero con la ley solo se le permitirán huelgas de docentes de 21 días continuos como máximo.

El texto original pretendía prohibir las huelgas que se realizasen contra políticas públicas o asuntos que no tengan relación directa con incumplimientos laborales del patrono, pero finalmente los diputados aprobaron una enmienda para permitir este tipo de movimientos, pero solo durante un periodo de 48 horas.

Los sindicatos aseguran que esta ley es “antidemocrática” y “autoritaria”, que viola los derechos humanos y contradice la Constitución Política, leyes y convenios internacionales.

“Este proyecto inaugura una etapa histórica del autoritarismo de la democracia. Es un proyecto que pretende castrar todo tipo de protesta de cualquier carácter porque esta clase política tiene mucho miedo de que el pueblo le pida cuentas”, afirmó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.

Vargas, el principal líder sindical del país, aseguró que las luchas sociales históricamente se han efectuado en el marco de la ilegalidad, y que por ello la nueva legislación “no asusta”.

“Un pueblo con hambre, sin empleo, al que le encarecen la vida y le quitan el salario va a seguir luchando. Vamos a apelar a mecanismos institucionales en el plano nacional e internacional. El país entra en una lista negativa de violadores de derechos humanos, la clase política se desnuda y nosotros, curtidos en la lucha, seguiremos adelante”, manifestó el dirigente sindical.

La reforma tributaria y ahora la ley que limita las huelgas ha tenido al sector empresarial como otro actor importante con su apoyo e insistencia en ambos asuntos.

Los empresarios constantemente expresan la necesidad de recortar el gasto público y los “privilegios” salariales y laborales del sector público, y han aplaudido la nueva legislación sobre huelgas, pues aseguran que esos movimientos perjudican la economía y al competitividad del país, así como la salud y la educación de la población.

“Ni la gente, ni el país puede seguir enfrentando movimientos que paralicen servicios sólo para mantener o defender privilegios de unos pocos. Las grandes mayorías en este país no están sindicalizadas y son los que sufren las consecuencias de la huelgas, cuando se privan derechos o se atenta contra la integridad de las personas”, expresó el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Gonzalo Delgado. 

Los diputados podrían darle segundo debate a la ley esta misma semana y a partir de entonces solo restaría la firma del presidente Carlos Alvarado, quien ha expresado su apoyo y su disposición al diálogo con los gremios.

“Este proyecto garantiza el derecho a la huelga sin afectar los servicios que se brindan a la ciudadanía y apega nuestra legislación a los estándares internacionales”, afirmó Alvarado. EFE