Libertad expresión es “presa política” en Nicaragua, según Cámara Americana

Managua, 10 abr (EFE).- La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) denunció este miércoles que la libertad de prensa y de expresión es “también presa política” del Gobierno que preside Daniel Ortega, en el marco de la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

En una declaración, Amcham demandó la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa del canal de televisión 100 % Noticias, respectivamente, críticos con el Ejecutivo y que son acusados de promover el terrorismo en el marco de la crisis.

Esa Cámara también exigió la devolución de las instalaciones de ese canal televisivo, así como del edificio donde funcionaban los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche y las revistas digitales Confidencial y Niú, que pertenecen a las empresas Promedia e Invermedia del periodista Carlos Fernando Chamorro, que tuvo que marcharse al exilio a Costa Rica por amenazas.

Asimismo, Amcham denunció el brutal asesinato del periodista Ángel Gahona ejerciendo su trabajo, la quema y confiscación de las instalaciones de Radio Darío y Confidencial/Esta Semana, y la persecución y asedios a decenas de periodistas que se han marchado al exilio.

También demandaron el cese de otros tipos de censura, como es la retención de materia prima para producción de los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa, y cuyos bienes están en Aduanas desde septiembre pasado “y que los hace también ser presos políticos”.

“Situaciones como estas no abonan en nada al clima de estabilidad que tanto necesitamos los nicaragüenses, sobre todo en temas de libertades y respeto a la propiedad privada”, advirtió esa Cámara.

Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.

En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Daniel Ortega tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva.

Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 568 las víctimas mortales, además denuncian actos violentos y ataques también a los obispos del país.

El Ejecutivo solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado. EFE