Líder indígena panameño denuncia a quienes lo castigaron en el cepo

Panamá, 30 mar (EFE).- Un líder indígena panameño que hace poco fue sometido por su comunidad al castigo físico en un cepo denunció hoy por torturas a 16 personas, entre ellas la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera.

El presidente del Congreso Tradicional de ese territorio, Demesio Cases, dijo ante el Ministerio Público, en la provincia de Chiriquí, que fue detenido durante 36 horas y sometido a un trato degradante por sus vecinos.

Estos lo inmovilizaron por supuestamente firmar un contrato con una compañía china para vender recursos de la comarca sin el consentimiento comunitario.

Cases sostuvo que este tipo de castigo debe ser eliminado, porque es demasiado fuerte.

“Me han golpeado y sigo con eso” (el dolor), explicó este jueves en declaraciones al canal local TVN.

Sus representantes legales, Harold Agustín y Leo Hurtado, aseguraron también a la televisión local que las leyes comarcales no están por encima de la Constitución ni de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que además ninguna legislación local le da autoridad judicial a la comarca.

El castigo de Cases quedó registrado en un video que se difundió masivamente en redes sociales y motivó que el pasado 24 de marzo la Fiscalía anunciara una investigación sobre estas prácticas tradicionales.

Ese día, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, se hizo eco del repudio popular y dijo a la prensa: “Son sus tradiciones, pero en la democracia en que vivimos hay formas de hacer las cosas sin utilizar esos métodos”.

El cepo, un instrumento de tortura centenario y común en la actualidad en algunas etnias indígenas, consiste en un tronco de madera que se usa para inmovilizar de pies o manos.

Según medios locales, el documento firmado por las autoridades indígenas da vía libre a una compañía china para desarrollar todo tipo de infraestructuras, como carreteras e hidroeléctricas, sin necesidad de consultarlo previamente con la comunidad, algo que es obligatorio de acuerdo con la ley de esta comarca indígena que tiene autonomía desde 1997 y en la que viven más de 150.000 personas.

Junto con Cases fue inmovilizado el funcionario Rogelio Moreno y luego el alcalde del distrito Nole Duima, Jeremías Atencio, que fue llevado al cepo tras renunciar por las presiones, de acuerdo con los reportes de prensa local.

En Panamá, existen cerca de 400.000 indígenas (11 % de la población), que se agrupan en 7 etnias principales: Emberá, Wounaán, Kuna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri.

Muchas de ellas solucionan diferencias y castigan delitos menores a partir de sus prácticas tradicionales internas, pero recientemente no se habían conocido denuncias por torturas similares a las del cepo. EFE