La Diputada Sandra Lilia Amaya presentó en tribuna una iniciativa que busca la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la entidad, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez. En una sesión ordinaria, Amaya destacó la necesidad de armonizar esta propuesta con el Código Nacional, resaltando que al tratarse de una disposición nacional en materia procedimental, debe establecerse en las legislaciones correspondientes de las demás entidades federativas.
Durante su intervención, la Diputada Amaya subrayó que una de las prioridades legislativas del grupo parlamentario de MORENA es la protección de la infancia. Mediante el decreto número 431, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 2 de noviembre de 2023, se aprobaron modificaciones al Código Penal para que el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias respecto de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores sea perseguido de manera oficiosa. Además, se incrementaron las penas de 2 a 4 años de prisión y las multas de 144 a 288 veces la Unidad de Medida y Actualización para aquellos que intenten eludir sus responsabilidades alimentarias.
La diputada enfatizó que, aunque ya existe una legislación penal para castigar a quienes evadan sus responsabilidades como padres, aún falta una regulación por la vía civil que asegure que estos derechos no se conviertan en letra muerta. “Los diputados debemos buscar la ruta para garantizar que la pensión alimenticia no se convierta en un derecho simulado por los progenitores hacia sus hijos e hijas”, afirmó Amaya.
En abril del año pasado, se presentó una iniciativa para crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias. A nivel federal, el 8 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este registro busca concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, protegiendo y restituyendo los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa de Amaya propone que cuando un deudor alimentario deje de cumplir con sus obligaciones por un periodo mayor a 60 días naturales, continuos o discontinuos, en cualquier momento del procedimiento se podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional que informe al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. “Debemos brindar a los operadores del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado las herramientas jurídicas necesarias para tutelar el derecho humano a la alimentación de niñas, niños y jóvenes”, agregó la diputada.
Según las estadísticas judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, al mes de marzo de este año, el juicio de pensión alimenticia es uno de los más comunes, con 464 demandas iniciadas en los juzgados familiares. La consolidación del Registro de Obligaciones Alimentarias es una respuesta a la lucha de muchas mujeres que exigen que los progenitores cumplan con su obligación de pagar la pensión alimenticia, la cual muchas veces se condiciona para ejercer violencia.
“Nos encontramos en un momento significativo para la niñez. Debemos terminar con ese comportamiento de procrear y desaparecer, cerrando espacios a la simulación y estableciendo medidas para que los deudores alimentarios morosos se hagan cargo de sus obligaciones con sus hijas e hijos”, concluyó la Diputada Sandra Lilia Amaya.
