Lerdo, Durango. La oposición al proyecto de la planta de fertilizantes FERMACHEM continúa tomando fuerza en la Comarca Lagunera. A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, integrantes del movimiento que rechaza la instalación de la empresa aseguraron haber reunido 115 mil firmas de apoyo, además de haber realizado dos marchas grandes en menos desde la colocación de la primera piedra.
Los manifestantes sostienen que la movilización refleja que miles de ciudadanos siguen exigiendo información clara, transparente y sustentada sobre el proyecto industrial y su posible contaminación al Cañón de Fernández.
Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentra la ubicación de la planta, la cual señalan se encuentra a aproximadamente cuatro kilómetros del Cañón de Fernández, área reconocida por su valor ambiental y protegida como Parque Estatal, Sitio Ramsar y parte del Área de Protección de Recursos Naturales Ríos y Montañas de la Comarca Lagunera.
De acuerdo con el pronunciamiento, también existen dudas sobre posibles impactos al acuífero de la región, el río Nazas y los humedales, además de señalar presuntas inconsistencias entre la Manifestación de Impacto Ambiental y las declaraciones públicas realizadas por autoridades estatales, quienes han sostenido que se trata de un proyecto de “fertilizantes verdes” sin afectaciones ambientales.
Otro de los puntos centrales del reclamo es la participación ciudadana. Los opositores afirman que la población no tuvo conocimiento oportuno de la publicación del extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental, situación que, aseguran, impidió ejercer el derecho legal de solicitar una consulta pública ante la autoridad ambiental.
Por ello, reiteraron la petición de realizar un foro abierto en el que participen representantes de la empresa, especialistas, universidades, autoridades, ejidatarios y ciudadanía para responder a todas las inquietudes existentes.
En el mismo documento, el movimiento dirigió un llamado a la presidenta de México, solicitando que no se utilice su nombre para respaldar un proyecto que, afirman, enfrenta cuestionamientos ciudadanos y reclamos de transparencia.
Los inconformes sostienen que no se oponen al desarrollo económico de la región, pero consideran que cualquier proyecto de esta magnitud debe garantizar información pública suficiente, participación ciudadana y certeza sobre sus posibles impactos ambientales.
