Durango, Dgo.-
La diputada Georgina Solorio García denunció la difícil situación económica que enfrentan productores agrícolas de Ciudad Lerdo y distintos municipios de la Comarca Lagunera, debido al desplome en los precios de comercialización de frutas y hortalizas.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora pidió la intervención coordinada de autoridades federales, estatales y municipales para implementar medidas urgentes que permitan garantizar precios justos y frenar prácticas abusivas por parte de intermediarios y centros de acopio.
Durante su posicionamiento, Solorio García señaló que productores de comunidades como León Guzmán, La Loma, 21 de Marzo, Villa Juárez, El Refugio, Santa Anita, Juan E. García, Los Ángeles, El Ranchito y Monterrey mantienen activas hectáreas dedicadas a cultivos como chile, sandía, cebolla en rabo, melón y otras hortalizas.
Sin embargo, afirmó que el esfuerzo de los agricultores no se refleja en ganancias dignas, ya que actualmente reciben precios muy por debajo del valor comercial de sus productos.
Como ejemplo, explicó que mientras la sandía llega a venderse en mercados entre 5 y 8 pesos por kilogramo, a los productores apenas se les paga alrededor de 1.70 pesos, situación que genera fuertes pérdidas económicas.
La diputada también señaló que campesinos de la región han denunciado afectaciones derivadas de la operación de una empresa comercializadora identificada como Legumbrera San Luis, la cual presuntamente instaló centros de acopio en municipios como Matamoros, San Pedro, Francisco I. Madero y Bermejillo.
Según lo expuesto, dicha empresa ofrecería precios elevados durante ciertos meses del año; sin embargo, en plena temporada de cosecha de productores laguneros reduce drásticamente los costos de compra, afectando la comercialización regional.
Solorio García aseguró que esta situación ha provocado pérdidas de hasta el 80 y 85 por ciento en algunas cosechas, además de endeudamiento entre pequeños productores que apenas cuentan con extensiones de una a tres hectáreas.
La legisladora aclaró que los agricultores no se oponen a la inversión privada, pero sí a prácticas que consideran competencia desleal, acaparamiento e imposición unilateral de precios.
Finalmente, hizo un llamado para establecer mecanismos de regulación y apoyo que permitan proteger la producción agrícola regional y evitar que cientos de familias campesinas continúen enfrentando pérdidas económicas severas.
